El Constitucional rechaza por unanimidad suspender la inhabilitación de Torra

Los jueces de la corte constitucional se niegan, por tanto, a dejar sin efecto el fallo del Supremo que el pasado 28 de septiembre confirmó punto por punto la resolución del TSJC al entender que, tal y como sentenció el tribunal de primera instancia, no cabe la menor duda de que Torra se «negó a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad» siendo consciente de ello.

El tribunal no solo no aprecia «urgencia excepcional» en la petición de Torra porque el propio interesado ya ha perdido su condición de presidente, sino que, además considera que el asunto «presenta elementos sustantivos específicos que abogan por un estudio meditado y contradictorio» de la petición de suspender la inhabilitación, por lo que se acuerda abrir una pieza separada y recabar opinión de la Fiscalía. Este nuevo trámite, para el que no hay fecha, es el que en la práctica dejará a Torra sin posibilidad de participar en los comicios.

La decisión de no 'rehabilitar' temporalmente a Torra ha sido tomada por el Pleno del Constitucional después de que el propio presidente del tribunal, Juan José González Rivas, decidiera, dada la trascendencia del asunto, que fuera este órgano el que estudiara el recurso del que depende la suerte del exjefe de Gobierno autonómico. El Pleno sí que ha admitido a trámite el recurso en sí, cuyo contenido será estudiado en el futuro, cuando los magistrados entren en el fondo de la cuestión.

La defensa del expresidente, que ejerce el abogado Gonzalo Boye también defensor de Carles Puigdemont en varios procesos, recurrió en amparo al Constitucional al entender que de hacerse efectiva la inhabilitacion se podría producir un «daño irreparable» a Torra en el caso de que el Constitucional llegara a anular la condena una vez entrara a estudiar en profundidad el fondo del asunto.

En su recurso, en el que el Boye pedía la suspensión que se ha negado a conceder el Constitucional, el abogado recordaba que la inhabilitación había supuesto el cese de quien tenía la más alta representación de la Generalitat. Un hecho que, en su opinión, en sí es un fraude constitucional dirigido «no solo de corregir la acción política del presidente de la Generalitat, sino con el objetivo claro de derrocar al Gobierno de la Generalitat por razón de las manifestaciones políticas de su presidente en ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión«.

La defensa de Torra además recordaba «que esta es la segunda vez en menos de tres años que se pretende el derrocamiento del Gobierno de la Generalitat, con su presidente a la cabeza, por medios no democráticos«.