Condenan al jefe de un banco de alimentos por abusar sexualmente de una madre «desesperada»

La Sala de lo Penal confirmó por completo las sentencias del tribunal superior de Almería y de la audiencia de esta provincia andaluza que consideraron al acusado, Víctor Gustavo H. M., como autor de un delito de abusos sexuales agravado. Los magistrados no tienen duda alguna de que, aunque formalmente hubiese consentimiento, fue forzado y viciado porque el hombre se prevalió de su control sobre la situación de «extrema necesidad» de la víctima para lograr sus espurias pretensiones.

Los hechos delictivos se produjeron en el pueblo almeriense de Vícar, en 2014, donde el condenado era el encargado de facto del reparto de alimentos de la Iglesia Evangélica La Puerta, puesto que ejercía sin control superior alguno porque, sin la autorización del presidente del Banco de Alimentos de Almería, trasladó el almacén a una cochera de su propiedad.

Fue en el verano de 2014 cuando este hombre, de origen peruano, contactó con su víctima, una madre joven, separada, sin trabajo ni ingreso alguno y con adicción a las drogas, en una situación de exclusión social y necesidad absolutas. Le proporcionó diversos alimentos sin estar inscrita previamente en el Banco de Alimentos, al margen de la asignación oficial establecida para cada fase de ayuda, con el fin de ganarse su confianza. Pero ya desde el primer contacto le realizó tocamientos y se ofreció a ayudarla con más alimentos si aceptaba mantener relaciones sexuales con él.

Días después, tras recibir insistentes llamadas, la mujer, que estaba desespera y sin nada que dar de comer a sus dos hijos, accedió a sus pretensiones manteniendo relaciones sexuales con el condenado en diversas ocasiones, siempre bajo la promesa por parte de Víctor Gustavo H. M. de que no le faltaría de nada. La víctima se enfrentó al agresor cuando días después rechazó someterse a determinado tipo de prácticas sexuales que le requería. Él le cortó el suministro de alimentos.

La sala identifica sin dudas los elementos del delito de abuso sexual por prevalimiento. Los magistrados reiteran su doctrina de que «la pobreza severa, la falta de los más elementales recursos, cuando además afecta a niños de muy corta edad, constituye un factor que extrema la vulnerabilidad de quien la sufre y, como una suerte de vaso comunicante, aumenta la superioridad de quien busca aprovecharse de dicha situación».

Así, defienden que los hechos, «con manifiesta claridad», muestran: «Primero, la situación de superioridad, de marcada asimetría social y personal, en la que se encontraba el recurrente respecto a una víctima en situación de extremada necesidad y en consecuencia también de intensa vulnerabilidad. Segundo, su proyección altamente limitativa en la libertad de la mujer… para consentir las propuestas condicionadas que aquel le formuló. Y, tercero, la plena consciencia del acusado tanto de la situación de superioridad como de los efectos inhibidores sobre la libertad de decisión de la víctima, lo que determinó el plan del autor».

La sala ve prueba suficiente y racionalmente valorada para condenar. La integran las declaraciones de la víctima, que considera del todo «fiables» y sin contradicciones, y las del propio acusado, así como el resto de la prueba testifical.

El relato de la víctima fue corroborado por otras declaraciones de notable relevancia, como la de una testigo que desveló la existencia de una suerte de modelo de aprovechamiento de la necesidad vital de algunas personas que acudían al banco de alimentos, en particular de mujeres, desarrollado por el recurrente. Aportó unos audios que revelan cómo el ahora condenado planeaba aprovechar su posición en el Banco de Alimentos para obtener favores sexuales de algunas de las mujeres con las que contactaría.