¿Compraría la casa de un narco?

Cuando este martes se levanten las paletas de los compradores para quedarse con alguno de los doce lotes subastados, se escribirá una posdata a las sentencias que cercaron al entorno de testaferros por blanqueo de capitales y que permitió identificar los bienes de dos de los protagonistas del tráfico de drogas de los ochenta y noventa: Patoco y Dorado. Para el conjunto de lotes, el precio de salida es de 2,5 millones de euros. Hay solares en Palma de Mallorca, Vigo y Lugo, fincas en Ávila y Pontevedra que fueron rústicas y ahora son urbanizables, locales comerciales en Santiago de Compostela y Canarias, una nave industrial y varias viviendas. El más caro es un chalet en Málaga de 300 metros cuadrados sobre un terreno de 600, cuya puja empieza en 876.000 euros.

Por el resultado de otras subastas, algunos lotes pueden quedar desiertos, como una casa a medio construir en Tarragona que regresa con un importe menor un año después, mientras que otros aumentan su precio por el interés de los ofertantes, que deben inscribirse antes y depositar una fianza para cada lote que les interese.

En las últimas pujas de «bienes, efectos e instrumentos decomisados por sentencia firme en procesos por narcotráfico y otros delitos relacionados», como los define el Plan Nacional sobre Drogas, había unos 280 «particulares y empresas» acreditados, que superaron en un 62% el precio mínimo de adjudicación, indica la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), entidad a la que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas encarga la tasación y subasta. «No hay una norma general: hay inmuebles que se venden en subasta por un precio superior al de primera licitación y otros que se quedan en segunda», mantiene una fuente de Segipsa. «Interviene la tipología del inmueble, el interés que susciten y la ubicación que tengan».

Hace varios años se compraron las mansiones donde vivían Oubiña o Juan Carlos González Martín, alias Culebra. También tuvo comprador la discoteca de Patoco. «No los suelen comprar vecinos del lugar», explica Fernando J. Alonso, gerente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico, creada en los noventa en Vilagarcía de Arosa (Pontevedra). «Al principio había temor a represalias, y siendo residente se prefería otra propiedad y no complicarse la vida. Los que compran ahora son empresas o inversores que no viven en el lugar, pero que ven que es una ocasión estupenda para comprar a precio atractivo. El factor rentabilidad económica pesa mucho más que el temor supuesto de comprar la casa de un narco. El que la compra, salvo que sea un bien muy emblemático, tiende a pasar desapercibido».

El año pasado, el Tesoro Público ingresó 22 millones de euros procedentes de unas 5.000 ventas, según el 'Informe sobre la actividad del fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas', del Ministerio de Sanidad. Desde 1996 se ha llegado a más de 8.000 «acuerdos de adjudicación» por un valor de 110 millones de euros, entre inmuebles, aeronaves, vehículos, joyas, embarcaciones y otros objetos. En la subasta de esta semana, cuando las transacciones de compra de inmuebles está en caída libre, «no podemos anticipar resultados», indica una fuente de Segipsa.

Los contrabandistas de tabaco que saltaron al tráfico de cocaína y hachís en la Galicia de los ochenta hicieron una fortuna en efectivo, que debían reintroducir en la economía legal. El lavado de dinero, según la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, se hizo mediante la compra de inmuebles, en varias provincias españolas, de norte a sur. Las pesquisas lograron demostrar cientos de casas, fincas, suelos o plazas de garaje, que fueron decomisados después del proceso judicial más largo de todos los que afrontaron los narcos y su entorno.

«Tratamos de demostrar el origen ilícito de este dinero y cómo se está moviendo», explica una fuente de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. «Hacemos un rastreo a partir de datos bancarios, propiedades, creación de empresas y sus balances, el flujo de dinero... Complementado por la actividad operativa, como las escuchas, analizamos en profundidad los movimientos para determinar el patrimonio real de estas personas».

Este capital total se compone del «patrimonio nominal» y el «patrimonio imputable». «El primero es lo que podemos tener en papeles, como un coche o una casa», prosigue esta fuente. «Y el segundo es aquello que no figura inscrito en un registro a su nombre, aunque sí hace disfrute de esos bienes. Ahora bien, hay que demostrar que lo que está a nombre de una tercera persona es propiedad de un detenido». En una sola sentencia de 2016, por ejemplo, se identificaron 230 propiedades.

Algunas de ellas se subastarán este martes, como las fincas de Higueras de la Dueña que pertenecieron a Dorado. En 2003 el narco pagó unos 9.000 euros de media por cada parcela y ahora se venden por unos 12.000 euros.

El blanqueo de capitales de los capos gallegos comenzó en los noventa y todavía hay inmuebles que el Estado no ha subastado. «Son investigaciones complicadas y largas en el tiempo. Se obtienen pruebas indiciarias, pero no directas», describe la fuente de la Policía Judicial de la Guardia Civil. «En el tráfico está la prueba directa de la droga. Para lograr la pulcritud jurídica, no nos basamos en meras suposiciones y buscamos la posterior condena, tenemos la necesidad de pedir documentación a organismos nacionales y extranjeros. Esas instituciones tienen un plazo para responder y muchas veces las contestaciones no son completas y lleva retraso la tramitación».

En el caso del narcotráfico gallego hay datos de «información de operaciones grandes con técnicas de ocultación, y el análisis de las redes es brutal», prosigue la fuente de la Guardia Civil. Luego viene la incautación, con una orden del juez que afecta a los testaferros, lo que se conoce como 'decomiso ampliado'. Concedida la intervención, se prohíbe la venta en registros «para que no haya nadie que compre la casa de forma legal».

Con la sentencia firme, que puede durar años y llegar al Supremo, comienza la parte administrativa. «En este tipo de bienes, las gestiones a realizar son más numerosas y complejas», justifica el Plan Nacional sobre Drogas, en su memoria. «Una vez decomisados hay que llevar a cabo múltiples gestiones necesarias antes de proceder a la tasación y venta», como la inscripción en el registro y catastro a nombre del Estado, la preparación de la «documentación tributaria», el contacto con las comunidades de propietarios, la apertura de la finca y el cambio de cerradura, la depuración de las cargas de bancos y administraciones y el desalojo de los ocupantes, en caso de estar habitadas. «Es un trabajo en el que interviene un equipo multidisciplinar», confirma la fuente de Segipsa. «El proceso y el tiempo requerido depende de la complejidad de cada activo y de su situación».

En todo caso, el «destino legal» suele ser la enajenación. «No somos todo lo ágiles y contundentes que se requiere», lamenta Alonso. «Hasta que la sentencia es firme y ordena el retorno al Estado, los bienes siguen en manos de los traficantes, en muchas ocasiones». En unas horas comienza la puja. ¿Cuánto se pagará por la casa de un narco?