La comparecencia de la ministra Ribera acaba con Gobierno y PP retándose ante los tribunales

Pero aun cuando el flanco de la UE se despejó para satisfacción del PSOE y de Sumar, que arroparon con aplausos y gestos de cariño a la todavía vicepresidenta en ambas cámaras, y con el PP felicitándose de haber logrado, al menos, «internacionalizar el desgaste» de Sánchez y erosionar su discurso contra la ultraderecha, eso no rebajó la tensión en la comparecencia de Ribera. Antes al contrario: después de días visiblemente contrariados por la impugnación por Feijóo de la candidatura a la Comisión, el Gobierno y los socialistas endurecieron sus mensajes públicos contra la respuesta de la Generalitat de Carlos Mazón a la crisis mayúscula desatada por una DANA histórica, mientras sus rivales no bajaban el látigo contra la futura vicepresidenta comunitaria al frente de la potente cartera de Transición Limpias, Justa y Competitiva y Competencia. Y unos y otros acabaron retándose en los tribunales, dando por hecho que las devastadoras consecuencias de la catástrofe, con más de 200 muertos, acabarán dirimiéndose ante la justicia.

Fue la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien precalentó la intervención de su    compañera de bancada en la sesión previa de control al Ejecutivo, cuando auguró un horizonte penal para el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por su «negligencia manifiesta» en la gestión de la DANA. «Se va a dirimir con responsabilidades políticas y, escúcheme, con responsabilidades judiciales», replicó al popular Juan Bravo. Antes, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, había ironizando con que no hace falta imaginarse a Feijóo «gobernando en la oposición» cuando ya se ve cómo le va a la ciudadanía cuando lo hace realmente, como en Valencia.

Ribera, cariacontecida en una jornada «muy larga» según confesó al terminar la tarde, fue más comedida en su alocución de menos de una hora –la misma ante ambas Cámaras– en la que desgranó la cronología de los avisos lanzados en los días previos y el fatídico 29 de octubre por la Aemet y en especial por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Acosada por el PP por el lapso entre las 16.13 y las 18.43 horas de aquella dramática jornada en la que la CHJ no alertó del aumento exponencial de la riada en el fatal barranco del Poyo mientras situaba el foco de la alarma en la presa de Forata, que por fortuna resistió, Ribera negó que hubiera el «apagón informativo» que denuncia el president Carlos Mazón.

La ministra lo rebatió con una constatación técnica –«Son las lluvias registradas aguas arriba las que determinan la crecida de caudales aguas abajo»–, antes de lanzar la crítica de fondo que el Gobierno venía midiendo hasta ayer: «De nada sirve tener la información si no se sabe responder», en alusión implícita a la inacción del jefe del Consell, al tiempo que descargaba en el Gobierno de Mariano Rajoy la desatención del riesgo del Poyo. Ni este contraataque ni la profusión de datos –objetado con los suyos– amilanó a Ester Muñoz– que incidió en que la CHJ «no se avisó de los caudales, sino de las lluvias». Muñoz, que acusó la vicepresidenta de trabajar para hacer carrera en Europa y no contra la DANA, terminó deseándole «buena suerte en los tribunales» con su versión».

Mientras el PP se desgañitaba en exigir a Ribera el compromiso de dimitir como comisaria si termina imputada por la catástrofe y Vox se quedaba solo en su negacionismo de la crisis climática, los socios del Gobierno diversificaron sus mensajes y cargaron más contra Mazón aliferand su evakuación de la ministra. Pero sí se escucharon reproches por su no haber pisado Valencia, por tener la mirada puesta en la UE y, en el más duro cometario de Junts, por su «soberbia».