Podemos se alinea con el PSOE y pide «respeto a las decisiones judiciales»

Cascada de reacciones políticas tras la detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Arrestado este jueves por la noche en Cerdeña por las autoridades italianas, los dirigentes de los distintos han partidos no han tardado mucho tiempo en dar su opinión tras conocer la noticia.

Varios ministros socialistas se han alineado en la tesis de que Puigdemont «debe someterse a la acción de la Justicia, como el resto de los ciudadanos». Así se ha expresado este viernes la titular de Defensa, Margarita Robles, y la de Ciencia, Diana Morant.

Robles asegura que la detención del líder independentista «se ha producido en el marco de un procedimiento judicial, enmarcada en una euroorden y un procedimiento abierto en los tribunales. Habrá debates jurídicos, pero máximo respeto a la decisión que tomen los tribunales».

Por parte de Unidas Podemos han guardado silencio durante toda la mañana. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, señaló hace cuatro meses que debería amnistiarse a Puigdemont y al resto de sus exconsellers que se encuentran huidos. Unas palabras que fueron contestadas duramente desde el ala socialista del Gobierno. Sin embargo, este viernes ha rebajado el tono y en unas declaraciones desde La Palma ha señalado que su partido a «respetar las decisiones judiciales que se adopten en cada momento (...); el Gobierno de España esta concentrado en abandonar el camino de la judicialización, en apostar por la vía del diálogo, y por eso hemos trabajado tanto para la recuperación de esa mesa de diálogo y para que éste sea el camino, porque la judicialización ha demostrado ser un callejón sin salida».

La diputada de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, cree que la detención del líder soberanista «no debería intervernir en otras negociaciones» como la de los Presupuestos Generales de Estado para 2022.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha sido de las primeras en celebrar la detención del expresidente catalán. Este viernes, en el Congreso, ha asegurado que «Sánchez está deseandito que no traigan a Puigdemont, porque se les acaba el chollo. Todos los españoles saben que Sánchez está ahora rezando por que no le traigan, porque si le traen se le complica la sillita de La Moncloa, porque depende de estos señores. Esto es una desgracia para España».

Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, pide ya que Puigdemont sea juzgado en España por su golpe a la legalidad constitucional. «Sánchez debe comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder», ha aseverado.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el líder de los populares ha exigido al jefe del Ejecutivo que haga «todo lo posible» para que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea entregado y juzgado en España. Es más, le ha emplazado a respetar al Tribunal Supremo si hay una sentencia condenatoria, de forma que no se le conceda el indulto.

Los dirigentes de Vox también se han expresado en esta línea. Su portavoz nacional, Jorge Buxadé, incluso ha celebrado la detención del 'expresident' en las redes sociales. Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña, lo ha expresado con estas palabras: «Debe ser entregado inmediatamente a España para responder por todos los delitos cometidos contra el conjunto de los españoles».

Por otro lado, Esquerra, a través de su cuenta oficial y a los pocos minutos de conocerse la detención, denunció que «la represión del Estado español no se frena. ¡Solo hay un camino, amnistía y autodeterminación! Todo nuestro apoyo, presidente».

En la misma línea se ha pronunciado este viernes el coordinador general de EH Bildu. Arnaldo Otegi ha mostrado su apoyo a Puigdemont y le ha trasladado «solidaridad y fuerza desde Euskal Herria». En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, el dirigente de la coalición soberanista ha acompañado su mensaje con la etiqueta 'FreePuigdemont'.

La detención de Puigdemont se produjo horas después de que el Supremo considerara que los indultos parciales concedidos a los nueve presos del 'procés' secesionista catalán, aprobados por el Consejo de Ministros en junio pasado, no se hicieron en «fraude de ley» y cumplieron con los trámites preceptivos que marca la ley. Esta es la respuesta de la Sala Segunda (Penal) en un auto del pasado 8 de septiembre en el que inadmite la querella presentada por el partido político Derecha Liberal Española contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, a quien el jefe del Ejecutivo relevó en julio. A ambos aforados les imputaba un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) por la concesión de la medida de gracia «de manera torticera, como moneda de cambio a los grupos independentistas catalanes en contraprestación a su apoyo» al Ejecutivo.

El tribunal, presidido por Manuel Marchena y con ponencia de la magistrada Susana Polo, recrimina al querellante que no ofrezca «el mínimo análisis de los elementos del tipo (delictivo) cuya aplicación invoca» y recalca que la gracia del indulto «se ha ejercido por quien es competente» según la previsión legal, «sin que por ello pueda afirmarse su injusticia o arbitrariedad».

La querella contra los aforados fue presentada un día después de la concesión de los indultos parciales, el pasado 22 de junio, y explicaba que se aprobaron «en fraude de ley, utilizándolos de manera convencional a los intereses personales, políticos o económicos, de los miembros del Gobierno que los conceden» y añadía que el indulto no fue solicitado por los penados y que no consta que exista arrepentimiento.

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