Inédito choque institucional ante el TC por la rebaja de penas a etarras

Un procedimiento, el conflicto entre ambas Cámaras, que el partido de Alberto Núñez Feijóo ya amagó con poner en marcha durante la tramitación de la ley de amnistía, pero que finamente fue retirado en mayo. La convivencia entre ambas instituciones y sus posibles colisiones están reguladas en los artículos 73, 74 y 75 de la ley del TC. Llegados a este punto, la cuestión que debe dirimir ahora la corte de garantías es si la Mesa del Congreso -controlada por el PSOE y Sumar- socavó las atribuciones de la Cámara alta.

El procedimiento establece que, una vez admitido el recurso del PP y si resulta conforme a la legalidad, el Constitucional dará traslado a las partes en diez días y abrirá un mes para alegar, ampliable a otro para informaciones complementarias. Una vez finalice ese plazo, resolverá en treinta días máximo.

El cambio legislativo, tramitado con carácter de urgencia y camuflado dentro de otra directiva europea sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, fue aprobado por unanimidad por el pleno del Congreso el 18 de septiembre. El PP, como tampoco Vox ni UPN, se percató en ese momento de las consecuencias que comportaba la reforma, con la que, a través de dos enmiendas de Sumar, se eliminaba la disposición adicional única, introducida 'in extremis' por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2014 para impedir, precisamente, a los etarras computarse los años de condena cumplidos en Francia. Una reforma que a ojos del PP responde a una contraprestación al «pacto encapuchado» del PSOE con EH Bildu.

No fue hasta la llegada de la norma al Senado cuando los de Feijóo trataron de enmendar el «error». Primero, retrasando la votación prevista seis días. Y después, con una heterodoxa maniobra para retrasar la tramitación. El presidente de la Cámara, el popular Pedro Rollán, interpretó el rechazo por mayoría absoluta del texto en ese pleno -amparándose en un informe sobrevenido de los letrados del Senado- como un «veto». Una decisión rechazada por la Mesa del Congreso, que zanjó la cuestión anunciando que enviaría el texto al BOE para su publicación y aplicación en lugar de devolver la norma al pleno de la Cámara baja para levantar este veto como exigía el PP. Un mes más tarde, con la norma ya en vigor desde el 8 de noviembre, el PP aprobó con su mayoría absoluta en el Senado plantear un conflicto institucional por este asunto.

El criterio del Congreso, que consideró que al no formalizarse ese veto durante el inicio de la tramitación de la ley en el Senado no se habían seguido los procedimientos, choca con el de los letrados de la Cámara alta, que argumentan que si la mayoría del pleno rechaza un texto, aunque no haya sido modificado a través de enmiendas, se supone que queda vetado y debe ser devuelto al Congreso para su aprobación definitiva.