El CGPJ trata de rebajar la crisis institucional con el desbloqueo exprés del Constitucional

Conservadores y progresistas, todavía conmocionados por la posibilidad de que su interinidad pueda extenderse hasta dos años más ante la dificultad de acuerdos en el electoralísimo año 2023, han decidido enterrar el hacha de guerra. Y en este puente de Todos los Santos han buscado a contrarreloj un pacto para nombrar las dos vacantes del Tribunal Constitucional, el único órgano que ven factible desbloquear, ante la imposibilidad legal tras la reforma del pasado 20 julio de hacer nombramientos en otros órganos mientras el consejo siga en funciones. Este mismo miércoles las llamadas telefónicas pasarán a ser reuniones informales cara a cara para acelerar esas designaciones.

Y es que el tapón en la corte de garantías empieza a ser considerable, sobre todo por el acuerdo tácito en el Constitucional para no resolver, ni siquiera entrar a estudiar, cuestiones de calado político desde que el pasado 12 de junio la actual composición del tribunal acabara su mandato. En el Constitucional, donde hay un pacto entre los dos sectores para no profundizar en el enfrentamiento en plena crisis judicial, se ha decidido aplazar el debate sobre recursos de mucha enjundia como el del PP contra la ley del aborto, que lleva doce años pendiente de resolución, o los amparos contra la ley de la eutanasia, la ley Celaá o el de la propia prohibición al CGPJ de hacer nombramientos en funciones.

Con este panorama, la minoría de bloqueo conservador del consejo, que hasta ahora se había mantenido inamovible, parece haberse ablandado en las últimas horas.

Lo cierto es que el CGPJ ya anduvo cercano a un acuerdo a principios de octubre para designar sus dos vacantes (las otras dos debe nombrarlas el Gobierno). Sin embargo, la dimisión de Carlos Lesmes el 9 de octubre lo paralizó todo. En el consejo dieron por seguro que el órdago del presidente iba a tener éxito y los vocales decidieron que sería ese hipotético nuevo CGPJ, cuyo nacimiento se ha vuelto a abortar, el que nombraría los dos puestos del tribunal de garantías.

Pero tras el mazazo del jueves pasado, ahora todos consideran «prioritario» al menos «salvar los muebles» con el desbloqueo del Constitucional. Los miembros de la comisión negociadora (los progresistas Álvaro Cuesta y Roser Bach, y los conservadores José Antonio Ballestero y Carmen Llombart) han ido tejiendo durante los dos últimos días nuevas bases para un rápido acuerdo que alumbre un nuevo Constitucional con una mayoría que ya se sabe que va a pasar a ser progresista y que por ley debía haberse nombrado antes del pasado 13 de septiembre.

Los nombres que se barajan en las últimas horas son sobre todo dos, según han revelado fuentes directas de las negociaciones. El sector conservador ha movido ficha tras semanas arguyendo que no encontraba un candidato por las negativas de varios reconocidos jueces del Supremo a entra en el Constitucional. Ese bloque apuesta ahora por Julián Sánchez Melgar. Según fuentes del CGPJ, el exfiscal general del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy se habría mostrado dispuesto a aceptar el cargo para desbloquear la enquistada situación.

El acuerdo en el que se trabaja en las últimas horas incluiría que el bloque conservador dejara de vetar la propuesta de los progresistas, cuya última apuesta sería José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y favorito de Moncloa. Los progresistas, en pos del acuerdo, renunciarían a perfiles mucho más polémicos como los del juez del caso Gürtel José Ricardo de Prada o el jurista Javier Pérez Royo.

Hay dos factores adicionales –explican en el consejo- que están allanando el camino en las últimas horas para el acuerdo. El primero es que la mayoría de 3/5 requerida para los nombramientos, tras la dimisión de Lesmes, se ha reducido a solo once votos.

El segundo es la convicción de los magistrados de que el Gobierno, tras la nueva ruptura de negociaciones, sí que está ya legitimado legalmente a designar a sus dos candidatos. O lo que es lo mismo: no sería incumplir la Constitución si la renovación no fuera de una sola tacada para los cuatro vocales que ya están en funciones: el propio presidente Pedro González-Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares.

En Moncloa, por «deferencia», quieren dar de plazo el mes de noviembre al CGPJ para que haga efectivos sus nombramientos a la cortes de garantías. Si no hay nombramientos, el Ejecutivo está dispuesto a designar a sus dos magistrados, que serán los que harán del Constitucional un tribunal de mayoría progresista, sí o sí, con independencia de las designaciones del CGPJ.