El CGPJ devuelve a los partidos la patata caliente del modelo de elección de los vocales

En este medio año, el CGPJ, repartido simétricamente entre conservadores y progresistas a raíz del pacto que sellaron en Bruselas Félix Bolaños y Esteban González Pons, con inédita mediación de la UE, para sacar el órgano de la parálisis motivada por el disenso político, no ha logrado forjar una coincidencia que permitiera elaborar una propuesta de modelo única y compartida. Ahora, son las Cortes las que seleccionan a los 12 vocales de extracción judicial y a los ocho de reconocido prestigio que conforman el gobierno del tercer poder del Estado junto al Ejecutivo y al Legislativo.

En síntesis, nuevamente, los dos bloques han venido a reproducir en sus deliberaciones la discrepancia que anida entre el Gobierno y la principal fuerza de la oposición: teniendo en cuenta que la Constitución blinda la elección parlamentaria de esos ocho juristas de acreditada cualificación, el ala progresista cree que los otros 12 deben seguir pendiendo en último término del parecer de Congreso y Senado; mientras que el sector conservador aspira a que sean nombrados exclusivamente por los jueces.

El pleno convocado para este miércoles con carácter extraordinario por Perelló ha encontrado una solución salomónica para cumplir con el mandato, pero que supone, en la práctica, escenificar una quiebra en un asunto siempre sujeto a controversia y seguir endosando a los grupos políticos la reformulación del modelo ante la falta de sintonía interna en el propio Consejo. Lo que se remitirá al Gobierno y a las dos cámaras legislativas, como obligaba la ley, es, sí, un acuerdo; pero lo que se pacta y por unanimidad por encima de lo requerido -al menos, tres quintos- es enviarles los dos informes, divergentes, para que tomen una decisión en su caso y una vez que los vocales de ambas sensibilidades han elaborado también la comparativa con otros sistemas europeos que se les había requerido. El texto legal refrendado el año pasado por las Cortes con el aval hegemónico de socialistas y populares prevé, en su disposición adicional única, que «la propuesta de reforma» solicitada al CGPJ se llevará al Ejecutivo, al Congreso y al Senado «con el fin de que los titulares de la iniciativa legislativa la sometan a la consideración de las Cortes Generales para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación». La propuesta emanada hoy del Consejo lo que certifica, al menos por ahora, es que continúa sin existir un proceso de selección aceptado de forma transversal y ampliamente mayoritario.

En su valoración oficial, el Consejo efectúa otra interpretación. Se congratula de haber cumplido con "el mandato del legislador", de reflejar "la pluralidad" existente en su seno y de responder a lo aconsejado por el excomisario de Justicia de la UE y mediador entre Bolaños y González Pons, Didier Reynders, quien consideró que podría resultar más sencillo buscar un acuerdo de los partidos si se presentaban "varias" alternativas de reforma y no solo una. En el estudio comparativo redactado por los vocales, éstos han puesto el foco en los cuatro estados con figuras similares al CGPJ español -Italia Francia, Portugal y Bélgica- y han incorporado los estándares de la UE, el Consejo de Europa, la Red Europea de Consejos de Justicia o la OSCE, además de jurisprudencia del Tribunal de Justicia comunitario y del Tribunal de Derechos Humanos.