El CGPJ pide explicaciones al número dos de Justicia por las críticas al juez García Castellón

En un escrito registrado el pasado lunes, el magistrado se refería concretamente a unas manifestaciones del secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián 'Tontxu' Rodríguez, en una emisora de radio; y a otras de la portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja, en una rueda de prensa. Según García-Castellón, de las declaraciones de ambos cabe inferir la intención de influir en el procedimiento judicial, así como la de "inquietarle o perturbarle" en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

 

El acuerdo de la Comisión Permanente señala que "del relato de hechos reflejado en la solicitud de amparo efectuada, puede considerarse inicialmente que existe fundamento suficiente para admitir a trámite la petición", por lo que acuerda aceptarla y da un plazo de diez días al secretario de Estado de Justicia y a la portavoz de la Generalitat para que efectúen las alegaciones que estimen pertinentes. El asunto se someterá entonces de nuevo a la Comisión Permanente para la adopción de una resolución definitiva.

 

El acuerdo de admisión ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del CGPJ interino, el vocal Vicente Guilarte, y de los consejeros Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart. Las vocales progresistas Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda han votado en contra.

El secretario de Estado de Justicia sostuvo en una entrevista el pasado miércoles , en la emisora de Radio Popular-Herri Irratia, lo siguiente: «Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...».

Por otro lado, Patricia Plaja, portavoz de la Generalitat de Cataluña, sostuvo ante los medios de comunicación días atrás que «aquellos a quien les toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando». El juez García Castellón expuso que estas manifestaciones, además, podrían suponer la comisión de un delito de calumnia con publicidad, «susceptible de perseguirse de oficio al imputarse abiertamente a una autoridad la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial».