El cese de actividad en la Junta General deja en el aire la aprobación de nueve leyes

El Ejecutivo regional preveía tramitar un centenar de decretos este año, así como 14 proyectos de ley, y se había fijado aprobar nueve de ellos este mismo ejercicio, si bien la Consejería de Presidencia ya había aplazado antes de que saltara la alarma sanitaria el desarrollo del proyecto de ley relacionado con el sector público hasta finales de 2022.

La Vicepresidencia y Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático tenía previsto, por su parte, sacar a la luz este mismo ejercicio el proyecto para la modificación de la ley de 1984 por la que se autoriza la creación de una Sociedad Regional de Gestión y Promoción del Suelo. El objeto de esta iniciativa no es otro que transformar Sogepsa en una sociedad íntegramente pública, así como facilitar la actividad de esta como instrumento de desarrollo y promoción del suelo industrial en Asturias. Esta, como el resto de las iniciativas legislativas previstas por el Principado, quedarán sujetas al nuevo calendario normativo que se defina una vez superada esta situación y que la actividad parlamentaria recupere su normalidad. El departamento que dirige Juan Cofiño también preveía sacar adelante este ejercicio la ley autonómica de calidad ambiental.

Por otra parte, la Consejería de Presidencia programaba para este año aprobar la tercera ley del sector público asturiano, con el objeto de unificar su régimen jurídico, aunque a principios de mes, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Foro Pedro Leal en el marco de una comisión de Presidencia, la consejera del ramo, Rita Camblor, retrasó su luz verde al tercer cuatrimestre de 2022.

También estaba entre los planes iniciales del Ejecutivo socialista aprobar este año la ley de tasas y precios públicos que deberá desarrollar la Consejería de Hacienda para reforzar la seguridad jurídica actual, así como la ley de Hacienda, cuyo cometido es regular el régimen económico, financiero y presupuestario del Principado.

A través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social, el Principado tenía intención de sacar adelante la ley de acceso al entorno de personas con discapacidad que precisan el acompañamiento de perros de asistencia, así como una ley de servicios sociales capaz de armonizar el sistema asturiano para «garantizar el ejercicio efectivo del derecho subjetivo a los servicios sociales en el ámbito territorial del Principado». También se pretende modificar la ley autonómica de 2001 sobre voluntariado para adecuarla a la estatal de 2015.

Puede que alguna de estas leyes, o incluso todas, se queden en el tintero por falta de tiempo para su tramitación si el estado de alarma se prolonga mucho más de lo previsto. Sin embargo, será prioridad absoluta del Gobierno regional que pueda aprobarse en tiempo y forma el proyecto de ley presupuestario para 2021, ya que el Principado requerirá de unas cuentas de reconstrucción para tratar de paliar los efectos económicos de esta crisis sanitaria. El año pasado, apurando al máximo los plazos para evitar la prórroga, el equipo de Adrián Barbón sacó adelante las cuentas del ejercicio actual gracias a la abstención del diputado oficialista de Foro, Adrián Pumares, y de la diputada crítica de Ciudadanos, Ana Coto, que acto seguido renunció al acta por discrepancias con la dirección nacional de la formación naranja que, en el último momento, obligó al grupo parlamentario a votar en contra de las cuentas para evitar su aprobación. Está por ver si, teniendo en cuenta la situación de emergencia, se alcanza un acuerdo político en torno a las cuentas de 2021.