Afectados por la dana se querellan contra miembros de la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar

En una rueda de prensa, el presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia, Cristian Lasaec, y Manuel Hernández, el CEO de Vilches Abogados, que defiende los intereses de los afectados, han detallado que acusan a los cinco miembros del Consell y al presidente de la CHJ de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro.

La querella va acompañada de una investigación cronológica en la que se demuestra que de haberse «activado el sistema ES-Alert en el momento oportuno no se habría producido la magnitud de la tragedia», ha explicado Hernández, el CEO de Vilches Abogados.

Según ha explicado el jurista, las autoridades ya poseían a las 15 horas la información para enviar el aviso a la población, tras las reiteradas advertencias de la AEMET desde las seis de la mañana del pasado 29 de octubre. Sin embargo, aquel mensaje no llegó hasta las 20.11horas, «cuando el barranco del Poyo y el río Magro estaban ya completamente desbordados», ha comentado el letrado.

La querella recoge que Salomé Pradas, máxima responsable de Emergencias, Emilio Argüeso, secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Alberto Javier Martín, director general de Emergencias, Jorge Suárez, subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), Inmaculada Piles, jefa del servicio de Emergencias, y Miguel Polo, presidente de la CHJ son los responsables de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro «por la inacción de sus funciones en la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos».