La causa penal contra Borràs eleva la tensión entre los grupos independentistas

La situación de Laura Borràs incomoda a ERC y a la CUP, pues tienen un dilema en la votación en el Congreso para permitir o no que el Supremo continué con la investigación penal. Por un lado, los grupos independentistas cargan contra el Supremo y aseguran que ningún secesionista puede tener allí un juicio justo, pero por otro lado temen que les puedan acusar de querer tapar la corrupción de JxCat. Ninguno de los grupos ha revelado aún cuál será su posición en la votación. Esquerra propuso días atrás que los tres partidos puedan consensuar su voto. Borràs ha descartado dejar su escaño, pues a su entender estaría validando la «represión». «Si lo permito, estaré diciendo a las cloacas del Estado que continúen porque es efectivo», ha señalado en Catalunya Ràdio. La diputada de JxCat, Miriam Nogueras, ha acusado a la CUP de pedir a Borràs que se «rinda» y deje de plantar cara. «Es preocupante que la alfombra roja del Congreso y el marco mental español se haya tragado a tanto políticos catalanes», ha expresado. Iba contra la CUP, pero también contra Gabriel Rufián, que la semana pasada mantuvo un agrio debate con Laura Borràs. Desde ERC, quien fue mano derecha de Oriol Junqueras, Sergi Sol, fue ayer muy contundente. «No podemos permitir que la 'estelada' se arrastre en el fango. Es intolerable que alguien se envuelva en la 'estelada' para tapar un caso de corrupción». Esa opinión es la de las cloacas de Estado, le replicaron los postconveregentes. En JxCat han cerrado filas en torno a la diputada en el Congreso.

Borràs defendió su inocencia el jueves en el Congreso. Afirmó ser víctima de una «persecución política» por su condición de dirigente independentista y acusó a la Guardia Civil de elaborar informes «inventados», aunque la investigación inicial la hicieron los Mossos d'Esquadra. La diputada de JxCat, de la máxima confianza de Quim Torra y que suena como presidenciable, en función de cómo acabe su causa judicial, está investigada por haber adjudicado a dedo una serie de contratos a un amigo por valor de casi 260.000 euros durante su etapa como responsable de la Institución de las Letras catalanas. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó hace casi un mes tramitar suplicatorio al Congreso de los Diputados para continuar el procedimiento penal contra la diputada de Junts per Catalunya, contra quien abrió una causa el pasado mes de diciembre por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.