«Castillejo usaba el Infide como su patrimonio personal, como su reino», concluye el fiscal

Con respecto a Pedro Castillejo, tanto el fiscal, Enrique Valdés-Solís, como el abogado de la acusación particular, Miguel García Vigil, fueron especialmente taxativos. El primero concluyó que el investigado «usó el Infide como su patrimonio personal, como su reino, sin justificar ningún gasto» y que ocultó al resto del Patronato el uso que se daba a los fondos de la fundación. Le reprochó además que trate de «descargar la responsabilidad» sobre el contable, Juan Cigales, puesto que «si bien su conducta no era ejemplar y se hacía el loco, no tenía competencias» para rechazar los gastos que se le presentaban y, en palabras del fiscal, «su conducta era impuesta por el todopoderoso secretario general del SOMA», en alusión directa a José Ángel Fernández Villa. Valdés-Solís rechaza igualmente los argumentos esgrimidos por el perito contable de la defensa, que entiende que los gastos de Castillejo estaban justificados. «El hecho de que estén contabilizados no es suficiente», resolvió.

La acusación particular se manifestó en la misma línea. García Vigil habló del «dominio absoluto» de Castillejo sobre la fundación y le responsabilizó también de los desajustes contables. Entiende que se apropió de los 114.000 euros que el SOMA le reclama ahora de forma «ilícita» puesto que el Patronato ni tenía conocimiento del uso que se daba a esos fondos, ni aprobó nunca un procedimiento para que ningún patrón pasara gastos, ni mucho menos eran conocedores de que Castillejo había solicitado tarjetas de crédito vinculadas a las cuentas de la entidad. El letrado entiende que quedó constancia durante la vista oral de que Castillejo tuvo la oportunidad de justificar los gastos antes de que el SOMA interpusiera la querella y concluyó sentenciando que «no puede quedar impune» la actuación del investigado, al que José Ángel Fernández Villa le dio un «cargo de oro» mientras al contable le decían «tú apunta y chitón». García Vigil llegó incluso a comparar lo ocurrido en la fundación al conocido caso de las 'tarjetas black'.

La defensa, a cargo del letrado Alfredo García López, pidió la absolución de Castillejo al considerar que no existen pruebas contra su cliente, sino un «desfase contable y documental increíble y ausencia de las justificaciones contables que sí figuran en la propia contabilidad». Insistió el letrado en que la querella está basada en una contabilidad «que es falsa» y criticó que la acusación reclame a su cliente «indiscriminadamente» todos los gastos, sin que se hubieran considerado justificados por la propia actividad de la fundación ninguno de ellos. Se mostró convencido, igual que lo hiciera el propio Castillejo durante su declaración, que la querella obedece a una «venganza» del sindicato sobre su defendido, pero también reprochó que fuera «temeraria e infundada» al no haber podido disponer de la documentación relacionada con la contabilidad hasta la fase de juicio oral.

Castillejo hizo uso de su última palabra para defender la labor que hacía al frente de la fundación, «que no funcionaba sola», e insistió en que él había «justificado documentalmente todos los gastos, se diga lo que se diga», responsabilizando nuevamente a Cigales de haber perdido las facturas. Dijo tener la «conciencia tranquila» pese a los tres años de «martirio» que ha vivido como consecuencia de este proceso y pidió disculpas por su actuación «no correcta» durante su interrogatorio, aunque su emoción le impidió continuar el alegato. El juicio quedó visto para sentencia.