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El abogado del empresario Víctor de Aldama remitió ayer al Tribunal Supremo un escrito en el que se autoinculpa de supuestos hechos delictivos para acusar al exministro José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García, de haber cobrado comisiones. Entre la documentación ... remitida figura un anexo de inversiones del Presupuesto General de 2021 con una lista de obras de carreteras subrayadas. Según el escrito del letrado, los subrayados se corresponden con «contratos públicos, ya pre-adjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados. Se trataría de empresas que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias».
En ese listado aparece subrayada la obra de ampliación con un tercer carril de la 'Y' en el tramo de Matalablima (Oviedo) a Lugones (Siero). Se trata de una actuación que el ministerio adjudicó a la Unión Temporal de Empresas formada por Lantania y Asch. De la primera el letrado de De Aldama asegura que su cliente hizo labor de intermediación ante el ministerio, y que en pago a ello la constructora habría asumido sin coste alguno la demolición de un edificio del empresario. De la segunda directamente da por hecho que estaba vinculada a Koldo García.
«Estamos muy sorprendidos, son unas afirmaciones completamente falsas», señalan desde Lantania. «Nosotros no hemos participado en ese tipo de actos y nos reservamos el derecho a emprender acciones legales ante el daño que se nos está causando», manifiestan. La constructora destaca una debilidad de la acusación vertida por el reconocido comisionista. El documento que usa como indicio se corresponde con un anexo de inversiones del Presupuesto General de 2021, cuando las obras de ampliación de la 'Y' fueron licitadas y adjudicadas en 2019. «En 2021 ya estaban en marcha», recuerdan.
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A la puja por las obras se postularon en total 25 constructoras en solitario o coalición. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Lantania y Asch se llevó la máxima puntuación en el apartado de criterios cualitativos y puso sobre la mesa el noveno presupuesto más barato. La suma de ambos parámetros le hizo adjudicatario del concurso en septiembre de 2019.
El procedimiento de contratación «fue público, lleva un control, los pliegos los ve todo el mundo y son supervisados por los funcionarios», detallan. Sobre la supuesta demolición gratis también niegan la mayor: «Se hizo, pero no fue gratuita. Estamos reclamando el pago de la misma».
En sentido parecido se ha manifestado esta mañana el actual ministro de Transportes, Óscar Puente: «Me sorprende que se diga que el ministro tiene capacidad para decidir a quién se le adjudica una obra, es decir, son mesas de contratación en las que está la abogacía del Estado, intervención, hay un montón de técnicos...». El titular de Transportes puso el foco en que la supuesta prueba de cargo aportada por De Aldama es «un Boletín Oficial del Estado, un anexo de inversiones, subrayado» que como prueba realmente tiene poco, poco valor« y reiteró que el procedimiento de contratación »involucra a mucha gente«.
Con todo, y como ya hiciera con las sospechas de amaño de encargos de mascarillas, Puente expresó que su equipo revisaría la documentación y los contratos señalados por el comisionista: «Tengo que comprobarlo. Se me antoja bastante complejo, no el tema, pero bueno, vamos a comprobar, vamos a ver ese listado, vamos a ver, a tratar de verificar en los procedimientos y a ver si vemos algo extraño»
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