Borràs se juega su carrera en el juicio por los «trapis

El juicio sienta en el banquillo a Borràs, Isaías Herrero y Andreu Pujol. La expresidenta del Parlament y su amigo se enfrentan a penas de seis años de prisión. También está en juego su futuro político. La dirigente nacionalista lleva meses advirtiendo de que si sale absuelta recuperará la presidencia del Parlament. Fue suspendida como diputada, cuando fue procesada el año pasado (en aplicación del reglamento del hemiciclo) pero no perdió su escaño y la Cámara catalana no ha investido a una sustituta. Ejerce las labores de presidenta la vicepresidenta, de manera provisional. En cambio, si sale condenada, estará acabada como política y no podrá repetir como candidata a la presidencia de la Generalitat. En su partido, además, hay quien le tiene ganas. Con penas de cárcel en su contra por una causa de corrupción, se clarificaría el panorama en Junts, donde hay una pugna entre unilateralistas y pragmáticos. Una victoria de Trias en las elecciones a la alcaldía de Barcelona puede acabar de decantar la balanza del partido en su eterno dilema sobre qué quiere ser de mayor.

Borràs insiste en que es víctima del 'lawfare'. Aunque obvia que el caso arrancó a partir de unas pesquisas de los Mossos. Y fue además de casualidad. La Policía catalana investigaba a su amigo Isaías Herrero, pero por un caso de tráfico de drogas. Una causa por la que más tarde fue condenado a cinco años de cárcel. Herrero tenía el teléfono pinchado por agentes de la policía y en una conversación con un tercero comentó que «facturaba» unos «trapis» con la que posteriormente sería presidenta del Parlament. Los Mossos abrieron una investigación y un juez se hizo cargo en 2018. Ese mismo año fue nombrada consejera de Cultura. Luego fue portavoz de Junts en el Congreso y en 2021, candidata a la presidencia de la Generalitat. Quedó tercera, tras Salvador Illa y Pere Aragonès. El pacto ERC-Junts le aupó a la presidencia del Parlament, hasta el 28 de julio de 2022, en que fue suspendida tras la apertura de juicio oral.

El juicio arranca este viernes hasta el 1 de marzo. La vista empieza con las cuestiones previas. Pueden ser clave. El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, que también defiende a Carles Puigdemont o Sito Miñanco, asegura que tiene una buena baza. Se trata de los correos electrónicos que intercambiaron Borràs y Herrero y en los que se describe la mecánica de cómo fraccionar los contratos para burlar los controles administrativos. El letrado sostiene que esos supuestos emails incriminatorios se obtuvieron por parte de los Mossos sin aval judicial y no se respetó la cadena de custodia. El juez tiene que decidir este viernes en las cuestiones previas si admite o no estos correos como pruebas. El otro asunto que inquieta a la dirigente nacionalista es la negociación que hay entre la Fiscalía y Herrero, quien estaría dispuesto a inculpar a la líder de Junts a cambio de una rebaja de la pena por parte del Ministerio Público. En su día ya pactó con la Fiscalía en la causa por la que fue condenado a cinco años de prisión por tráfico de drogas.

En el día antes de que empiece el juicio, Boye ha presentado un escrito pidiendo al TSJC poder intervenir el último, tanto en las declaraciones de los acusados como en los interrogatorios a los testigos, a «fin de garantizar nuestro derecho de defensa». «Los coacusados se han transformado en coacusadores», justifica el letrado su petición de intervenir el último. A su juicio, el pacto de la Fiscalía «trata de salvar la ausencia de prueba y la nulidad de las obrantes en las actuaciones» y deja a su defendida como única acusada.