El bloqueo vuelve a sobrevolar el CGPJ por la presidencia de salas claves del Supremo

Se trata de las presidencias de la Sala Segunda (Penal), competente para juzgar a los cargos aforados, y la Tercera (Contencioso-Administrativo), encargada de revisar las decisiones del Consejo de Ministros. La designación obligará a negociar a los dos bloques existentes en el Consejo, conservador y progresista, que cuentan con diez miembros cada uno. El motivo es que para estos nombramientos se requiere una mayoría de 13 de los 21 votos en liza en el Pleno del CGPJ, incluido el de calidad con el que cuenta Perelló en caso de empate.

En la Sala Penal, la más mediática, rivalizan la progresista Ana Ferrer y el moderado Andrés Martínez Arrieta, número uno del escalafón de la carrera. Uno de los dos sustituirá a Manuel Marchena, que deja el puesto el 5 de diciembre tras dos mandatos completos de cinco años. La presencia del magistrado riojano, fundador de la asociación judicial Francisco de Vitoria, reúne bastante consenso entre sus colegas, pese a que su etapa en caso de ser elegido duraría menos de tres años, ya que tiene 69 y a los 72 le llega la jubilación forzosa.

Sin embargo, fuentes del Supremo consideran que existía la necesidad de presentar a un candidato de su reconocida trayectoria (tiene 2.000 sentencias a sus espaldas) para competir con Ferrer, histórica integrante de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJPD), que ya fue propuesta sin éxito para presidir el CGPJ y a quien sitúan como la aspirante preferida por el Gobierno y, sobre todo, por el ministro de Justicia Félix Bolaños.

Mismo cuadro se presenta en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Los magistrados Pilar Teso (progresista) y Pablo Lucas (moderado) se enfrentan por la presidencia. Ambos llegaron a ser propuestos por los dos bloques del Consejo hasta en tres ocasiones para ser su presidente, pero ante la falta de acuerdo se buscó un nombre de consenso, el de la progresista Perelló.

Lucas, al igual que Martínez Arrieta, está en la rampa de salida al tener 70 años, por lo que en caso de ser elegido tendrá que dejar la presidencia a mediados del mandato. Pese a todo, el juez que supervisa la actividad del CNI cuenta también con el respaldo de buena parte de sus compañeros, detallan las fuentes consultadas, con la vista puesta en la negociación entre los dos sectores del Consejo.

Con estos mimbres, en el Consejo ya aventuran que el acuerdo será complicado, por no decir que imposible a día de hoy. La división se da por segura, tanto como que será necesario que uno de los bloques se rompa o, en el peor de los casos, que se bloqueen los nombramientos en sucesivas votaciones y que tanto Arrieta como Lucas se hagan cargo de las presidencias de forma interina por ser los magistrados de mayor edad. Una vía alternativa sería un pacto para que ambos sean elegidos con amplio consenso de los vocales y cuando se jubilen sean sustituidos por Ferrer y Teso.

En el horizonte aparece también un asunto no menor. El acuerdo del nuevo CGPJ aceptó implementar una ley de cuotas. Es decir, que las designaciones deben garantizar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. No se ha decidido todavía cómo se aplicará, si se hará sobre el centenar de vacantes pendientes en la alta magistratura como consecuencias del bloqueo, tribunal por tribunal o por duración de los mandatos.

Y a todo este embrollo se ha sumado un recurso presentado ante el propio pleno del Consejo por las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que han denunciado la falta de transparencia en el proceso de designación de 56 vacantes, entre ellas las citadas presidencias del Supremo. Alegan que las bases de la convocatoria no están claras y no se ponderan los méritos específicos.

«Permiten crear trajes a medida para los candidatos, evadiendo el control jurisdiccional y manteniendo la politización de los nombramientos», denuncian dos colectivos que representan a 1.300 jueces y magistrados, señalando el control casi absoluto que ejercen en el CGPJ la Asociación Profesional de la Magistratura (conservadora) y Jueces y Juezas para la Democracia (progresista).