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Cambio radial en la estrategia de defensa de Begoña Gómez. Después de que la Audiencia Provincial de Madrid se haya negado por dos veces a acotar o poner fin a la investigación del juez Juan Carlos Peinado y luego de que el Tribunal Superior de ... Madrid rechazara de plano imputar al instructor por prevaricación, el abogado de la mujer de Pedro Sánchez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha decidido presentar batalla al propio juez dentro del campo de juego de la propia causa. Así, por primera vez, ha pedido al magistrado que ordene varias diligencias.
En el primer movimiento procesal de Gómez y Camacho puramente dentro del sumario, la defensa de la esposa del presidente ha reclamado interrogatorios y la inclusión de pruebas en la causa para tratar de desmontar las dos últimas acusaciones de apropiación indebida e intrusismo profesional que Peinado ha sumado a los dos cargos ya existentes con anterioridad: corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
Básicamente, Begoña Gómez sostiene que no pudo haber apropiación porque ella creó la cátedra y nunca llegó a incluir su denominación en el Registro de la Propiedad Intelectual. «La idea de Transformación Social Competitiva (TSC) fue aportada por mi representada, que así se lo planteó a la Universidad Complutense para dar título al máster», explica la defensa, que pide el interrogatorio de la actual directora de la Escuela de Gobierno del centro académico para que certifique que el concepto y el título de esa enseñanza fueron desde el «origen» una aportación de la hoy encausada.
Bajo esa premisa de que la idea de TSC fue creada 'ex novo' por la esposa de Sánchez, su defensa arguye que es imposible que se apropiara de algo ajeno cuando en noviembre del pasado año registró su empresa privada, con domicilio social en la casa de Pozuelo del matrimonio Sánchez-Gómez, con un nombre idéntico al del máster, o sea TSC Transformación Social Competitiva.
En esa misma línea, niega que se apropiara del famoso 'software' costeado por empresas colaboradoras de la Complutense porque en realidad esa herramienta, aunque se alojó en la web de la firma de la imputada, nunca fue llevada al Registro de la Propiedad Intelectual.
Explica Camacho que solo se registró el dominio en internet. Y ello solo se hizo «siguiendo las instrucciones de la propia Universidad». Para apoyar esta última afirmación, el abogado de Gómez pide que se incorporen a la causa varios correos, entre ellos uno en el que una trabajadora del centro docente daba instrucciones a las cátedras de cómo dar de alta el dominio. Varios directores de cátedras –expone la defensa- inscribieron los dominios siguiendo esas instrucciones y es por ello que Antonio Camacho reclama que se cite como testigo a alguno de ellos.
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