El proyecto de ley orgánica educativa que lidera la ministra Isabel Celaá acaparó esta mañana buena parte del tiempo reservado en la sesión plenaria para que los grupos de la oposición realicen preguntas al presidente del Principado. Tanto PP como Vox quisieron utilizar su turno para conocer la posición de Adrián Barbón sobre el polémico dictamen, que movilizó este fin de semana a miles de personas que consideran que su aprobación supondría ver reducida la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos.
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Barbón negó ese extremo, igual que las dudas generadas en torno a la eliminación de los centros de educación especial o en relación al estudio en lengua castellana. «Basta ya de mentiras», le recriminó inicialmente al portavoz de Vox, Ignacio Blanco, para más tarde afear tanto a PP como a Vox que vuelquen sobre el proyecto presentado por el Gobierno central críticas «sin rigor» para tratar de avanzar en su «competición por liderar la oposición». «Lo malo es que es una competencia en la que ninguno va a ganar porque son los malos de la serie», les reprochó.
Barbón negó que el proyecto de ley suponga una liquidación de la educación concertada y apuntó que lo que se persigue es acabar con los pagos encubiertos bajo epígrafes de 'cuotas voluntarias' en este tipo de centros que impiden el acceso a los escolares con menos recursos. También negó que el dictamen prevea el cierre de los centros de educación especial, «algo que sí recogía el programa electoral de Vox de 2016», apostilló. Sin embargo, el líder autonómico entiende que esta ley profundiza en la equidad e igualdad de acceso a los colegios, así como en la imposibilidad de que se segregue por sexo en equipamientos financiados con fondos públicos. Defendió igualmente que se trata de un dictamen que cuenta con el apoyo de ocho formaciones políticas, frente a las últimas leyes educativas aprobadas por el PP, «sin nigún tipo de consenso».
Las palabras de Barbón no convencieron a PP y Vox, que coinciden en criticar la «ley radical que cede al chantaje de los nacionalistas», el palabras de Mallada, y que «favorece la mediocridad», según Blanco. Ambos portavoces recriminaron al presidente autonómico la «sumisión» que, en su opinión, demuestra con su «silencio» ante esta ley.
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