La Audiencia suspende el juicio de Villa por su ingreso y pide al HUCA los informes médicos

La decisión de la magistrada María Luisa Barrio obedece a la imposibilidad de que Villa esté presente en la sala después de que el pasado viernes, siete horas después de que concluyera la tercera sesión del juicio oral, se encontrara indispuesto en su domicilio y fuera trasladado por una UVI Móvil al equipamiento hospitalario. La sala confirmó ayer que el exlíder sindical continúa ingresado en la planta de Cardiología, por lo que aceptó la petición de su defensa de suspender el juicio, si bien informó de que solicitará al servicio médico del citado equipamiento un informe completo de su estado de salud.

Igualmente, la jueza mostró su intención de retomar el juicio tan pronto como sea viable y comentó que la ley obligaría a reiniciar la vista oral desde el inicio si transcurrieran más de 30 días. Esto supondría repetir la declaración del también exsenador y, con toda seguridad, que se volviera a tener que someter a una exploración forense para determinar si continúa o no en condiciones para enfrentarse a un proceso judicial.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, a cargo del bufete Ontier, acataron la decisión de la sala aunque mostraron ciertas reticencias. «El ingreso del investigado es una causa legal de suspensión y no queda más remedio», asumió el fiscal, Enrique Valdés-Solís, quien se interesó no solo por un informe urgente suscrito por la dirección del Servicio de Cardiología del hospital, sino que también requirió disponer de una previsión de alta médica para poder retomar el juicio cuanto antes. Por su parte, Miguel García Vigil, abogado de la acusación, recordó que el investigado ya estuvo ingresado en fase de instrucción durante unos días y manifestó su deseo de reanudar cuanto antes el proceso para no volver a repetir lo ya tramitado.

Aunque se trata de una suspensión temporal, la decisión de la Audiencia es favorable a la estrategia que ha venido llevando a cabo la abogada del ex secretario general del SOMA, Ana García Boto, que ha presentado numerosas alegaciones para tratar de paralizar el proceso. La última el pasado miércoles, en la primera sesión del juicio, cuando solicitó la suspensión del juicio por enfermedad mental sobrevenida. La jueza María Luisa Barrio rechazó la petición al entender que su capacidad podía estar «alterada, pero no anulada», lo que provocó que Boto protestara al considerar que se estaba vulnerando el derecho de su cliente a un juicio justo.

Villa declaró el jueves. Lo hizo con algunas dificultades para escuchar y entender las cuestiones que le formulaba su abogada en un primer momento, pero mucho más receptivo y ofreciendo un discurso más fluido y coherente según avanzaba el interrogatorio. Negó que se hubiera apropiado de los fondos del SOMA y responsabilizó de cualquier irregularidad cometida en la contabilidad a sus antiguos colaboradores: Juan Cigales, Amalio Fernández y Aquilino Ronderos. El viernes, tras la tercera sesión del juicio, ingresó en el hospital.