La Audiencia ratifica la ampliación de la fianza de Villa hasta los 579.000 euros

La jueza Simonet Quelle Coto estableció inicialmente un montante de 434.000 euros, coincidiendo exactamente con la cuantía que le reclama el sindicato minero por un presunto delito continuado de apropiación indebida. Sin embargo, posteriormente la magistrada incrementó esta cifra hasta los 579.000 euros, en atención a un recurso presentado por la Fiscalía y apoyado por la acusación -que ejerce el SOMA, a través del bufete Ontier-, para hacer frente a los intereses y otros gastos, tal y como establece la ley. De nada sirvieron los recursos por parte de la defensa del exlíder sindical, a cargo de la letrada Ana García Boto, porque la Audiencia Provincial ha avalado la decisión judicial.

El exsecretario general, para el que la Fiscalía pide cinco años de cárcel, ya había hecho frente a la fianza inicial a través de un depósito que tenía en el SabadellHerrero de 450.000 euros, por lo que le quedarían pendientes de abono 129.000 euros.

Sin embargo, su situación actual es muy complicada, porque en estos momentos todo su patrimonio, y el de su familia, están bloqueados como medida cautelar en un nuevo proceso judicial en el que se ha visto inmerso, el conocido como 'caso Hulla'. Una presunta trama de corrupción vinculada a las obras de la residencia de Felechosa destapada por la Fiscalía Anticorrupción y Guardia Civil a raíz de la regularización de 1,2 millones de euros por parte Villa.

La instrucción de este caso aún sigue abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo y hay, además de Villa, otros quince imputados. Se les vincula a una trama de corrupción relacionada con numerosas irregularidades -sobrecostes, desvío de unidades de obra ejecutadas y presuntas comisiones- tanto en la adjudicación como en la ejecución de las obras de esta residencia, financiada con fondos públicos, que explicarían el incremento patrimonial no solo de Villa, sino también del resto de los implicados, entre ellos el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo.

Por su parte, el 'caso Villa', pendiente únicamente del señalamiento del juicio, que previsiblemente se celebrará dentro del primer semestre de 2018, también ha salpicado a quien fuera presidente del Infide, Pedro Castillejo, para quien la Fiscalía pide tres años y medio de prisión, así como la devolución al sindicato de 119.434 euros.