La Audiencia Nacional revoca la decisión de Defensa de considerar apto a un cabo al que le cayó un rayo

El militar profesional, de 36 años, tenía un presente muy halagüeño. Pero el dichoso destino le tenía preparado un brusco giro a su vida. Ese mismo día estaba en un puesto de observación, preparado para la acción. El cielo empezó a oscurcerse, a rugir, cuando un rayo impactó en las inmediaciones. Solo existe una posibilidad entre tres millones de que te ocurra algo semejante, y a Javier le tocó. Para él se hizo de noche para siempre: sufrió quemaduras de primer grado que le dejaron incapacitado.

Con esta debacle personal afrontó la siguiente fase vital, la dura recuperación, saber que su profesión se acabó aquel aciago 16 de junio. Y una nueva batalla, esta vez burocrática, asomaba con el Ministerio de Defensa para construir su nuevo presente. Era el llamado «expediente de insuficiencias de condiciones psicofísicas por accidente laboral».

El nombre es tan largo como el camino recorrido por Javier y su abogado, Antonio Suárez-Valdés, para que los tribunales le hayan dado la razón. Fue incoado el 30 de junio de 2017 y contó con el dictamen de la Junta Médico Pericial. El acta 9446, de 25 de octubre de 2018, concluyó que una «fulminación (impacto de rayo) le había ocasionado una limitación en la actividad del 28%».

Este informe sirvió a la Junta de Evaluación para decretar por unanimidad, tres meses después, que el «interesado reúne la aptitud para continuar con el servicio activo, si bien tiene limitación permanente para ocupar destinos que eviten esfuerzos físicos intensos, carga de pesos, largos periodos de pie y situaciones de estrés y alta responsabilidad». En abril pasado la ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró su utilidad para el servicio.

El abogado de Javier recurrió esta resolución administrativa a la Audiencia Nacional. Presentó un informe pericial de parte para justificar las graves secuelas . «Es incapaz de mantener la misma postura durante durante media hora», alegaron. Dado que sus «deficiencias físicas» eran permanentes reclamaron la jubilación o retiro por accidente grave en acto de servicio. La diferencia económica es sustancial: de 11.000 a 22.000 euros de pensión si ocurre en actividad laboral.

El Juzgado Central de lo Contencioso número 11 ha resuelto ahora que las dolencias son «irreversibles», que no hay margen de mejora. Y revoca la resolución de la ministra Robles. Cabe recurso aún de la Abogacía del Estado, pero al menos Javier ya puede ver la luz tras aquel rayo de desgracia.