La Audiencia Nacional cierra al narcotráfico

Las reuniones que mantuvieron a principios de 2020 -antes de estallar la pandemia del coronavirus- altos cargos del Ministerio del Interior con jueces y fiscales del tribunal central y de Antidroga no fructificaron por diferentes motivos, según explican fuentes conocedoras de aquellos encuentros. Desde aspectos técnicos y de interpretación legal sobre las competencias jurisdiccionales de la Audiencia Nacional hasta asuntos meramente organizativos o de carga de trabajo de los seis juzgados centrales de instrucción y de las cuatro secciones (tribunales) penales existentes.

Desde Interior se transmitió en vano a sus interlocutores la radiografía de la lucha contra los clanes de la droga en el Estrecho y la necesidad de que interviniera la Audiencia. Trataron la creación de la unidad especial de la Guardia Civil OCON-Sur en el Campo de Gibraltar, en julio de 2018, que permitió recuperar en pocos meses el principio de autoridad y la iniciativa contra este crimen organizado, admiten las mismas fuentes. Pero tras una evaluación de este operativo en febrero de 2020 se observaron importantes carencias en la respuesta judicial.

La Audiencia Provincial de Cádiz, responsable de juzgar estos sumarios, ya estaba entonces desbordada. De las ocho secciones existentes solo una se encuentra en Algeciras, en cuyo puerto se encontraba desplegado OCON-Sur. Solo en este partido judicial, por ejemplo, se tramitan unos 700 asuntos al año sobre tráfico de estupefacientes. De igual modo, se constató la presión social que sufren los funcionarios judiciales que trabajan allí y la recurrente falta de medios en los juzgados ordinarios.

La propuesta de Interior pretendía dar la vuelta a esta situación y lanzar un aviso a navegantes a los clanes que operan en el Estrecho. Buscaba impulsar desde la Audiencia lo que se denominó «Nécora dos». Una continuación de la mítica macrooperación judicial de los años noventa en Galicia, liderada por el juez Baltasar Garzón y el fiscal antidroga Javier Zaragoza. Centenares de policías desplazados desde Madrid arrestaron en sus casas a grandes contrabandistas de tabaco reconvertidos en traficantes de cocaína y heroína a gran escala con conexiones internacionales.

En 2020, la entonces fiscal general Dolores Delgado dio el visto bueno y se pensó precisamente en Javier Zaragoza para liderar esta iniciativa 30 años después de la 'Nécora'. Para ello, se creó una novedosa figura para coordinar todas las investigaciones en el Campo de Gibraltar, con especial énfasis en combatir el blanqueo de capitales procedente del narco, esto es, de erradicar las raíces financieras de estos grupos.

El ahora fiscal del Supremo aceptó el encargo, pero la Asociación de Fiscales (AF), colectivo profesional de sensibilidad conservadora, anunció un recurso contra su designación por estimar que se había aprobado en un decreto ilegal, basado en una valoración equivocada de los resultados en la zona mencionada.

La propuesta causó también un cisma en la Fiscalía Antidroga, dirigida entonces por José Ramón Noreña desde su despacho de la Audiencia Nacional, donde estuvo 15 años. Consideraron que esta nueva figura producía un «solapamiento» en el organigrama del departamento y «más que solucionar un problema iba a complicar más la situación». Con este panorama, Zaragoza dimitió antes de tomar posesión del cargo.

«Hace tres años se perdió una oportunidad de oro de centralizar la respuesta judicial contra el narco en el Estrecho», admiten las fuentes conocedoras de esas reuniones, que aluden también a la falta de voluntad de algunos jueces de la Audiencia y una interpretación restrictiva de la ley para no asumir la competencia de los delitos que lleva aparejado este fenómeno transnacional. Un crimen organizado que ahora ha dado un salto cualitativo tras los asesinatos de Barbate. Todo un desafío al Estado.