Asturias carece de Consejo de Transparencia un año después de la entrada en vigor de la ley

Su tramitación parlamentaria en la Junta General se prolongó cuatro años, aunque finalmente la ley de Transparencia y Buen Gobierno asturiana se aprobó con un amplio consenso en septiembre de 2018, entrando en vigor tres meses más tarde. Desde entonces, sin embargo, la ambiciosa norma autonómica aguarda en algún cajón a la espera de que se constituya el órgano que deberá velar por su cumplimiento.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -del que depende directamente la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción- sigue sin ponerse en marcha. El nombramiento de su presidente requiere del respaldo de una mayoría cualificada (dos tercios) de la Cámara asturiana y de las negociaciones entre los grupos parlamentarios para su elección poco se ha escuchado en esta legislatura, aunque ya existe algún movimiento al respecto entre las principales fuerzas políticas. El tiempo apremia y, sin la constitución de este ente, la ley de Transparencia carece de todo sentido.

El Principado está obligado, tal y como recoge la propia norma, a proveer a este órgano «en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor de la ley» de los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones. Pero, hasta la fecha, se ha limitado a reservar en los presupuestos autonómicos del pasado 2019 una partida de 80.000 euros que no llegó a utilizarse, y que se mantiene en las cuentas del ejercicio actual.

El grupo parlamentario socialista evita fijar plazos para la constitución de este órgano ya que depende del consenso de una amplia mayoría de la Cámara y, si bien desde el PP y Ciudadanos reconocen conversaciones con el PSOE para abordar este asunto, otras fuerzas como Podemos niegan que se les haya consultado al respecto.

Las consecuencias son evidentes. Catorce meses después de la entrada en vigor de la norma, ésta sigue sin desarrollarse ni aplicarse puesto que corresponde al Consejo de Transparencia, no ya solo velar por el cumplimiento de la misma, sino también aprobar los planes de prevención contra la corrupción, la elaboración de los planes estratégicos de transparencia o la apertura de expedientes en caso de incumplimiento. Se prevén multas que pueden llegar a los diez mil euros y sanciones a altos cargos que pueden derivar en su destitución e inhabilitación para ocupar cargo público entre cinco y diez años.

La ley, que se aprobó la legislatura pasada con el respaldo de todos los grupos y la abstención de Podemos, al considerar que no se otorgaba suficiente «independencia» a la Oficina de Buen Gobierno, entre otras cuestiones, se presentó como una norma mucho más ambiciosa que la nacional para luchar contra la corrupción y recuperar la confianza de la sociedad en la clase política.

Entre otras cuestiones, obliga a los grupos de presión a inscribirse en un registro y exige a los cargos públicos que declaren los encuentros que mantengan con estos y el objeto y resultado de las reuniones. Igualmente, prevé un sistema de 'cuentas abiertas' en el Principado, que permita un control mensual sobre las cuentas bancarias de la administración autonómica. También habilita una vía segura para que los empleados públicos y cualquier persona puedan denunciar situaciones relacionadas con la corrupción. Concretamente, se crea un canal de lucha contra la corrupción y se incluye un estatuto del denunciante a fin de que, dejando a salvo la posibilidad de denuncias anónimas si así se prevé en la legislación estatal, los datos resulten protegidos y no se produzcan represalias. Establece además límites a las 'puertas giratorias', con restricciones a los altos cargos para ejercer la actividad privada durante dos años en determinados casos y revisión de su patrimonio al finalizar su mandato.

La ley no solo es de obligado cumplimiento para el Gobierno autonómico, sino también para los organismos y entes públicos dependientes de la administración, la Universidad de Oviedo, las corporaciones de derecho público (cámaras de comercio o colegios profesionales, por ejemplo), las sociedades con mayor capital del Principado y los ayuntamientos. Es más, las exigencias de transparencia afectarán también a las entidades privadas perceptoras de ayudas o subvenciones, bastando con que el importe anual de las mismas sea de 18.000 euros.