Anticorrupción pide que se prohíba al Montepío disponer de la propiedad de la residencia

La Fiscalía Anticorrupción, que junto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapó el caso a raíz de la regulación de 1,2 millones de euros por parte de José Ángel Fernández Villa, solicita también al tribunal que «notifique» oficialmente al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, dependiente del Ministerio de Energía, la existencia de la causa penal abierta para que «valore la eventual suspensión» del expediente abierto para el reintegro de los 3,3 millones pendientes de pago a la mutua, si bien es cierto que el Gobierno central no está por la labor de abonar esta cuantía, sino que le reclama 425.000 euros.

La Fiscalía también solicita que se libre exhorto a los tres juzgados de primera instancia en los que se tramitan los procedimientos civiles iniciados por el Montepío contra el constructor, el arquitecto y el aparejador de la residencia por defectos en la obra -aunque ya se han unificado en un único tribunal-, con el objeto de que se «valore la eventual suspensión de dichos procedimientos», al entender que existe una vinculación clara con el 'caso Hulla' y que debe tener prioridad la causa penal.

El ministerio público entiende, además, que debe tomarse declaración testifical en sede judicial a una veintena de personas, entre ellas los dos hermanos que conserva el exsecretario general del sindicato minero, Asunción Fernández Villa y Hermógenes Fernández Villa. Se trata, en su mayoría, de testigos que ya declararon ante la Guardia Civil sobre los hechos objeto de instrucción o su participación en los mismos. Del mismo modo, los fiscales solicitan que se tome declaración pericial a los técnicos de la Agencia Tributaria que emitieron los informes de los expedientes abiertos a José Antonio Postigo, expresidente del Montepío, en los ejercicios fiscales de 2007 a 2010, y del ejercicio 2012, así como que se remita la copia íntegra de dichos expedientes. Los fiscales también quieren escuchar de viva voz, en calidad de testigo-perito, a Antonio Ricardo Merino, interventor delegadol del Instituto del Carbón. En el escrito, además, solicitan una batería de documentación como las actas del Ayuntamiento de Aller de las sesiones en las que se trató la cesión gratuita de la finca 'Las Pedrosas' al Montepío de la Minería para la construcción del equipamiento geriátrico o las de la comisión de investigación parlamentaria celebrada en 2014 sobre el 'caso Villa'.