El PP asturiano acusa a Barbón de «aplaudir una humillación» y la izquierda defiende el pacto

En las filas populares el pacto entre PSOE y Junts convierte a los asturianos en «españoles de segunda». «Tenemos a un presidente del Gobierno que está dispuesto a vender España en trozos con tal de seguir en el poder», señaló Queipo. «Es un claro caso de corrupción política», añadió. El dirigente popular insistió en sus duras críticas a Pedro Sánchez, «quien está dispuesto a pagar con la dignidad y con el dinero de los españoles y asturianos» el apoyo de ERC y Junts a su investidura. «Hemos llegado a una situación insoportable para los españoles», añadió.

Queipo dirigió también sus palabras al presidente del Principado, Adrián Barbón. «No podemos consentir tener un presidente que aplauda puesto en pie la amnistía a una élite política corrupta catalana y que supone una humillación a los españoles y acaba con la igualdad entre todos los ciudadanos», dijo. «Nos preocupa que tengamos un presidente que no defiende Asturias, que se muestra muy contento de que se condonen 15.000 millones de deuda de Cataluña, que suponen siete veces el presupuesto de la sanidad asturiana. Barbón se muestra contento de que los asturianos nos convirtamos en españoles de segunda», concluyó.

En Vox el tono de las críticas y rechazo a los acuerdos también es elevado. El diputado nacional por Asturias, José María Figaredo, calificó de «ilegal» el pacto entre el PSOE y el partido de Puigdemont «porque atenta contra la unidad de España y la igualdad de los españoles». Para Figaredo, Pedro Sánchez «va a convertirse en el presidente de un Gobierno ilegal».

Por ello, llamó a los ciudadanos a «resistir» y a «salir a las calles pacífica, pero masiva y vehementemente». Vox ya ha anunciado que apoyará todas las protestas que se convoquen. «Piensen que quién está dispuesto a liberar a los criminales para llegar al poder, no dudará en encarcelar a los inocentes para mantenerse en él», concluyó Figaredo.

El tercer partido de centroderecha con representación en la Junta General, Foro, también rechaza los acuerdos. Su portavoz, Adrián Pumares, consideró «vergonzoso» pactar una amnistía «para unos delincuentes con el único objetivo de comprar voluntades para que Pedro Sánchez siga durmiendo en La Moncloa» y advierte de que «nos dejaremos la piel para que el Principado no sea discriminado por estos pactos».

La izquierda, por el contrario, cierra filas en torno a los acuerdos. Desde la FSA, a través de una nota de prensa, se valoró que «se resuelva la gobernabilidad» del país y para «afrontar los grandes problemas de la ciudadanía», entre los que enumera la creación de empleo, la subida del salario mínimo, luchar contra la violencia machista o subir las pensiones de acuerdo al IPC. Además, afirmó que el futuro Gobierno que presida Pedro Sánchez, si logra cerrar los acuerdos necesarios, «apostará por la convivencia y servirá para hacer frente a los retos de nuestro país. Será un Gobierno para promover una España más fuerte y unida en su diversidad».

Por su parte, el coordinador general de IU de Asturias y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, se mostró satisfecho por el acuerdo. «La ciudadanía española, que es sabia y madura, entiende y acepta todos los acuerdos que se den en el marco de la Constitución y de la normalidad parlamentaria», dijo.

Covadonga Tomé, única diputada de Podemos en la Junta, celebró que «ya tenemos un gobierno progresista» que a lo largo de estos próximos cuatro años «servirá para avanzar en derechos y mejorar la vida de las personas».

«Desigualdad» entre regiones

Desde la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) su presidenta, María Calvo, consideró que «no debe llegarse a acuerdos que supongan una desigualdad entre los diferentes territorios de España, como parece que va a ser, lo que sin duda acarrearía importantes consecuencias económicas para Asturias». Añadió Calvo que, al margen de los «desequilibrios territoriales» que conllevan pactos como el suscrito entre PSOE y Junts, «las empresas necesitamos estabilidad y seguridad jurídica como base para desarrollar nuestra actividad con garantías. Y, asimismo, consideramos necesario advertir sobre el origen de los recursos económicos que se comprometen en este acuerdo».