Los alcaldes asturianos critican el decreto del superávit: «Es una engañifla de Montoro»

El presidente de los concejos asturianos insiste en que «no habrá más gasto que en otras ocasiones. Montoro nos ha engañado». Y es que Palacios comparte el malestar que el miércoles mostró el alcalde de Corvera y secretario de Política Municipal de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Iván Fernández, quien advirtió de que los concejos apenas podrán gastar cincuenta millones de los cien de superávit generados en 2017. «Dudo de que podamos gastar siquiera la mitad», comparte García Palacios.

Los Ayuntamientos españoles tienen retenidos el superávit generado en los últimos seis años. Se trata de una especie de «corralito», como lo han tildado, que forma parte de la ley de estabilidad presupuestaria impulsada por el Gobierno central para cumplir los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea. En el caso de los municipios asturianos, la cantidad correspondiente al superávit que han generado en los últimos cinco años supera los 500 millones de euros.

A comienzos de año, el Gobierno accedió, tras una negociación con la FEMP, a levantar la mano y permitir a los municipios emplear el superávit generado en el último ejercicio. Sin embargo, condiciona el destino del dinero. El decreto solo permite hacer uso de estas cantidades -el superávit de los ayuntamientos asturianos en 2017 fue de unos cien millones de euros- para adquirir mobiliario urbano, para comprar vehículos para la Policía Local o en equipamientos culturales y deportivos. «Es insuficiente, con estos condicionantes apenas podremos hacer uso de la mitad del superávit», añadió Palacios.

El alcalde de Navia y presidente de la Federación de Concejos insistió en la reclamación que vienen haciendo desde hace años, que es «poder reinvertir en nuestros municipios el dinero de los ciudadanos. Porque no confundamos, no estamos pidiendo más dinero, sino que nos permitan hacer uso de nuestro dinero».

La concejala de Hacienda de Gijón, Ana Braña, consideró positivo que el real decreto «permita licitar las inversiones financieramente sostenibles sin tener que esperar a que estén los Presupuestos del Estado», aunque lamentó que mantenga condiciones como que estas obras deban estar finalizadas a lo largo de 2019. Explicó que esto impide, por ejemplo, dedicar el dinero del superávit a la construcción de la nueva sede de la Policía Local, pues los trabajos podrían prolongarse más de los dos años permitidos. Gijón cerró el año con un superávit de 11,4 millones de euros y acumula un remanente de tesorería de 23,4 millones.

Más crítico se mostró Rubén Rosón, concejal de Economía y Empleo de Oviedo. «Montoro vuelve a utilizar el dinero de los Ayuntamientos para tapar el agujero de su gestión en el Ministerio. La celebración del acuerdo entre el ministerio y la FEMP, presidida por Abel Caballero del PSOE, vemos que llegó demasiado pronto», dijo, aunque recalcó que «a pesar de ello, los 17 millones de superávit que tenemos en Oviedo podrá utilizarse».

Por su parte, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín prefirió no manifestarse hasta que la próxima semana se reúna la FEMP para analizar el contenido de la norma, ya que el real decreto no es suficientemente claro.

Castrillón tiene ocho millones de remanente y el superávit ronda los tres millones. «Aunque el Real Decreto tiene cosas positivas, esta no lo es. Tendremos que ver qué nivel de gasto podemos alcanzar sin superar la estabilidad, pero defendemos la autonomía local y no tenemos que estar supeditados a las decisiones del Estado o de la Autonomía cuando tenemos nuestras cuentas saneadas», afirmó su alcaldesa, Yasmina Triguero.