Los alcaldes asturianos claman contra la retención del superávit: «Es una norma injusta»

Cuando en el año 2012 Cristóbal Montoro puso en marcha la Ley de Estabilidad Presupuestaria la situación económica del país era muy diferente a la actual. La deuda de los ayuntamientos españoles superaba los 42.000 millones de euros y su capacidad de financiación estaba muy limitada. La norma impuso duras condiciones a todas las administraciones. En el caso de la local, aquellos consistorios que cerrasen el ejercicio con superávit debían dedicarlo a reducir esa deuda con el fin de sanear unas cuentas que en muchos casos estaban seriamente degradadas.

Ocho años después, la situación es otra. Muchos ayuntamientos han logrado sanear su situación y la deuda global ha bajado en 20.000 millones, pero siguen teniendo serias restricciones para invertir los excedentes, lo que ha provocado que en Asturias se acumulen, a cierre de 2018, 412 millones de euros que los consistorios no pueden utilizar. «Tenemos que hacer recortes en servicios necesarios contando con dinero en el banco, y eso no es de recibo», clama José Manuel González, alcalde de Cangas de Onís. Su ayuntamiento cuenta con un presupuesto que ronda los 6 millones de euros y dispone de en torno a 800.000 que no podrá invertir este año. «Teníamos una deuda de casi tres millones de euros, pero ahora, ya senados, no tiene sentido que se mantenga la misma regla de gasto. es una norma injusta».

Las cifras son aún más rotundas en el ayuntamiento de Navia. Su alcalde, Ignacio García Palacios, anterior presidente de la Federación Asturiana de Concejos, lleva ya varios años luchando para que se cambie una norma desde un consistorio que cuenta con cerca de 8 millones de euros de presupuesto y tiene 4,5 en el banco. «Es un despropósito, más cuando nosotros no tenemos deuda bancaria desde hace más de tres años», señala.

Uno de los argumento que usa Palacios para defender la posibilidad de que los ayuntamientos puedan invertir estos excedentes es el impulso que supondría para la economía de la región. «Los ayuntamientos asturianos tenemos más de 400 millones de euros y eso sería una gran movilización de la economía regional», defiende.

La lista de inversiones pendientes que tiene el ayuntamiento de Navia es larga. Saneamientos en diferentes zonas del concejo, mejoras de instalaciones deportivas, un paseo marítimo... Pero, a pesar de contar con dinero para acometerlas, el consistorio se encuentra con las manos atadas. «Lo que se debe hacer es modificar el saldo de estabilidad para dar entrada al remanente», defiende García Palacios, que reclama al Gobierno modificaciones en la ley. «El estado tiene derecho a intervenir en sus fondos, pero los de los ayuntamientos proceden en un 70% de los vecinos».

El ahorro que durante los últimos años han generado los ayuntamientos se ha venido utilizando como una forma de maquillar el déficit de las administraciones públicas españolas, una situación que los alcaldes consideran «injusta». Durante los últimos años el Gobierno ha introducido algunos cambios en la norma que regula la inversión de estos excedentes, permitiendo las que se conocen como Inversiones Financieramente Sostenibles, una serie de actuaciones pautadas que no conllevan un nuevo gasto fijo a los consistorios. Pero, para poder acometerlas, el ejecutivo debe publicar un decreto en el que regula las actuaciones de cada ejercicio y que este año prevé incluir actuaciones en cuestiones como la despoblación, la educación y el fomento del empleo. «El decreto sale en abril o mayo y hay poco margen para preparar las inversiones», lamenta el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, que reclama cambios. «No tenemos deuda y lo que no es de recibo es que, contando con dinero, no podamos hacer inversiones». Las cuentas en su ayuntamiento son claras: cerca de 39 millones de euros de presupuesto y 7,5 de remanente que no pueden tocar.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, también se muestra muy crítico con esta problemática, aunque señala que «con la crisis sanitaria, es momento de aparcar el debate». No obstante, reconoce que lo que padecen los ayuntamientos es «superávit de necesidades. Tenemos un presupuesto de 14,5 millones y 7 en el banco». La norma, tal y como está redactada en la actualidad, no le permitiría siquiera «bajar impuestos con cargo al remanente. Si bajas los impuestos, bajan los ingresos, y debes reducir también los gastos. Nosotros tenemos deuda cero, no se puede mantener la generalidad de la ley».