Destello de sensatez

De este enredo pueden extraerse diferentes conclusiones. Sánchez, de nuevo, bordea el precipicio sin caerse. La última baza estaba por llegar. Junts sigue sin tener incentivos para tumbar a Sánchez mientras no termine por aplicarse la amnistía. Pero pondrá un precio elevado cada vez que se produzca un escenario similar. La segunda variable es la reacción del PP, que ha tenido que realizar un viraje para no quedarse aislado.

Los populares han modulado su retórica inicial basada en la hiperventilación habitual contra Sánchez para conectar con la mayoría social y sus necesidades. Solo les queda el asunto del palacete de París, y ese asunto ha granjeado una brecha emocional con el PNV de difícil sutura. El ejercicio del tacticismo puede ser interesante como instrumento de desgaste, pero en este caso no resulta ya suficiente. Los populares se han visto atrapados porque Sánchez, al mantener inicialmente su rechazo a trocear la iniciativa, ha buscado deliberadamente el rechazo del PP para rentabilizar esa contestación.

Sánchez vuelve a resistir, emitiendo señales contradictorias en torno a los Presupuestos. Puede ocurrir cualquier posibilidad: que al final salgan con una mayoría parlamentaria o que sea imposible la negociación y nos veamos abocados a una nueva prórroga. En ningún caso vamos a ir a una disolución anticipada de las Cortes. Los pactos con Junts, pese su elevado coste, constituyen la única posibilidad de mantener viva la legislatura. Una mala salud de hierro, que diría el castizo. Hasta la siguiente, que podría reactivar la posibilidad de una entrevista en Bruselas entre el presidente y Puigdemont. En algún momento se llevará a cabo este encuentro, a pesar del fuerte desgaste que puede provocar porque Junts quiere exhibir su capacidad de condicionarlo todo y jugar con la dignidad de la Presidencia del Gobierno de España puede ser un arma de doble filo.

Esa estrategia de ultimátums complica al PSOE la búsqueda de un relato atractivo sobre la mayoría social frente «a la derecha y la ultraderecha» y coloca la vida pública española en un terreno resbaladizo en el que se puede confundir la legitimidad de las críticas a los adversarios políticos con campañas 'ad hominem' de linchamiento mediático. En este convulso escenario sobresale la polemica por la continuidad del fiscal general del Estado tras su declaración ante el Supremo. Veremos si al final tiene recorrido la investigación a Álvaro García Ortiz, pero en todo caso el daño a la institución es considerable y puede ser irreparable. Si el magistrado Ángel Hurtado enfila al banquillo a García Ortiz, su situación será insostenible más allá de que la instrucción reciba críticas por haber obviado determinados testimonios que no figuraban en los informes iniciales elaborados por la Guardia Civil.

El Gobierno tropieza en este asunto con una patata caliente que puede abrasar a quien la toque y en la que se entrecruzan diferentes batallas internas, en la política y en la propia Judicatura. Un fiscal general en el banquillo es una imagen demoledora aunque puede que no resulte determinante en el devenir de la legislatura. Todas estas batallas de salón tienen bastante poco que ver con algunos debates de fondo que emergen en nuestra realidad más cercana. Por ejemplo, la exigencia a Sánchez de más gasto militar, la respuesta de la UE a Trump o la búsqueda de soluciones eficaces al gravísimo problema de la vivienda.