La acusación popular del 'caso Hulla' pedirá la declaración del exministro Miguel Sebastián

El Ocan, de esta forma, solicitará al tribunal que declaren en calidad de testigos el exministro de Industria, Miguel Sebastián; el exgerente del Instituto del Carbón, Juan Miguel Benítez Torres y el exsecretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín Uribe. «Si eres beneficiario de una subvención deberás ajustarte a unas condiciones y fundamentos establecidos en la resolución de la subvención. No se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido», criticó José Ángel Gayol, presidente del observatorio.

Gayol, que realizó el comunicado en compañía del abogado Alberto Suárez, también hizo hincapié en las declaraciones del exgerente del IRMC Juan Miguel Benítez en dependencias de la Guardia Civil, donde llegó a afirmar que «la ayuda para el geriátrico de Felechosa vino impuesta desde el Gobierno de Zapatero». El Ocan, vinculado a Podemos, busca que el exalto cargo del instituto reafirme sus palabras en sede judicial para que la investigación siga su curso y se depuren responsabilidades.

«¿Qué pasó en las altas instancias políticas para que se diese esta modificación del Real Decreto? No lo sabemos y anunciamos que si el señor Benítez, como previsiblemente se espera, ratifica en sede judicial lo dicho ante la UCO, lo que haremos será pedir la testifical del Secretario de Estado de Energía Pedro Luis Marín Uribe y la del ministro en aquel momento Miguel Sebastián, dado que al ser Real Decreto se tuvo que llevar al Consejo de Ministros. Algo tendrá que decir», asevera Gayol.

Esta modificación 'exprés' del Real Decreto fue, según denunciaron los impulsores de la acusación popular, un acto «lesivo para la ciudadanía y para la Hacienda Pública». Hasta que se tome en consideración su petición, la instrucción continuará con normalidad dentro de la prórroga decretada por la jueza. En vistas de las nuevas revelaciones obtenidas por la Guardia Civil, todavía no hay fechas definidas para que la instrucción finalice. Gayol también se refirió ayer al cruce de acusación entre el observatorio y el Montepío de la Minería, entidad beneficiaria de los 31 millones de euros que ahora están en el punto de mira de la investigación. En este sentido, que el Montepío acuse al observatorio y a Podemos de utilizar el caso de forma «electoralista» resulta «humorístico e indignante» para Gayol: «Es el propio Montepío el que está politizado. Pulgar, el actual presidente, fue hasta 2002 secretario de Organización del SOMA», afirmó.