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a. moriyón / c. pérez
Oviedo
Domingo, 1 de julio 2018, 14:18
El bufete Ontier, que representa al SOMA en el juicio contra José Ángel Fernández Villa, pedirá que el ingreso hospitalario del exsecretario general del sindicato minero afecte lo más mínimo posible al proceso judicial que se está llevando a cabo en la ... Audiencia Provincial. El abogado Miguel García Vigil explicó esta mañana que no tiene conocimiento del estado de salud de Villa más allá de las informaciones recogidas en los medios de comunicación y que esperará a mañana lunes para conocer la situación real a través de los informes médicos y forenses que puedan derivarse de este ingreso. A la espera de que la sala se pronuncie al respecto, el letrado ya advierte de que pedirá que el juicio se retome tan pronto como el principal investigado obtenga el alta médica para no dilatar aún más el proceso judicial.
El ingreso hospitalario de José Ángel Fernández Villa el pasado viernes reabre, una vez más, la posibilidad de que se suspenda el juicio contra el ex secretario general del SOMA que se estaba celebrando desde el pasado miércoles en la Audiencia Provincial de Asturias y que, en principio, estaba previsto que se retomara mañana lunes con nuevas pruebas testificales. Sin embargo, con el principal investigado ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), concretamente en la planta de Cardiología, la continuidad del proceso judicial queda en el aire. Todo dependerá, no obstante, de su evolución médica en las próximas horas.
En el caso de que Fernández Villa continúe convaleciente la próxima semana es más que probable que la titular de la sala, María Luisa Barrio, decida suspender la vista oral. De hecho, parece evidente que la defensa del histórico dirigente sindical se opondría a mantener el proceso judicial sin presencia de su cliente. Máxime teniendo en cuenta que la letrada, Ana García Boto, ha tratado de paralizar en reiteradas ocasiones el juicio. La última el pasado miércoles, en su primera sesión, cuando volvió a solicitar la suspensión por enfermedad mental sobrevenida del investigado.
La magistrada rechazó la petición al entender que la capacidad del exlíder sindical podía estar «alterada, pero no anulada», y tampoco aceptó la pretensión de la defensa de que el principal imputado en el caso declarara el último día del juicio. Esta decisión motivó que Ana García Boto protestara al entender que se estaba vulnerando el derecho de su cliente a un juicio justo porque, según sus palabras, es un «escarnio someter a este demente a un interrogatorio».
Declaró el jueves. Lo hizo con algunas dificultades para escuchar y entender las cuestiones que le formulaba su abogada en un primer momento, pero mucho más receptivo y ofreciendo un discurso más fluido y coherente según avanzaba el interrogatorio. Negó que se hubiera apropiado de los fondos del SOMA y responsabilizó de cualquier irregularidad cometida en la contabilidad a sus antiguos colaboradores: Juan Cigales, Amalio Fernández y Aquilino Ronderos.
Villa volvió a la Audiencia Provincial el viernes, cuando se pudo escuchar, entre otros, el testimonio del propio Juan Cigales. El excontable alegó que no tenía capacidad para cuestionar los gastos que hacía el entonces máximo dirigente del sindicato minero e, incluso, que Tenía órdenes explícitas de que «pagara los gastos y chitón».
Apenas siete horas después de que concluyera la tercera sesión del juicio oral, el exsindicalista se encontró indispuesto. Su familia se puso entonces en contacto con los Servicios Urgencias alegando que Villa estaba mareado, desorientado y con malestar general. Una UVI Móvil acudió a su domicilio, en el barrio de La Florida, de Oviedo, y le trasladó a las diez y media de la noche al hospital, donde tras las oportunas pruebas médicas fue derivado a la planta de Cardiología. Conviene recordar en este sentido que sufrió en 2009 una cardiopatía isquémica con bypass.
Su delicado estado de salud ha protagonizado desde el primer momento el proceso judicial en el que está inmerso. El sindicato minerole acusa de un delito de apropiación indebida continuada y le reclama 434.158 euros. Además, la Fiscalía pide para él cinco años de cárcel, una pena que la acusación, a través del bufete Ontier, eleva a seis años.
La defensa de Villa no solo pidió la suspensión del juicio una vez comenzada la vista oral por enfermedad mental sobrevenida. Antes, durante la instrucción, llegó a presentar más de una decena de recursos para tratar de paralizar el proceso con variados argumentos, como la prescripción de los delitos o defectos de forma, pero principalmente alegando que su cliente no se encontraba en condiciones físicas ni mentales para declarar ni para someterse a un juicio justo.
Pasaron de hecho catorce meses desde su primera citación hasta que finalmente –bajo amenaza de detención y después de que un experto en demencias resolviera que «exageraba» conscientemente sus trastornos– en marzo del año pasado declarara ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo. Villa tiene diagnosticado un deterioro cognitivo, con déficit de memoria reciente y lentitud en la fluidez del lenguaje, pero existen ya varios informes forenses que determinan que está en condiciones de someterse a un juicio. Ahora, con su ingreso en el hospital, se reabre de nuevo la posibilidad de que se suspenda.
Sería la segunda ocasión, puesto que la vista oral se señaló inicialmente para el pasado mes de marzo. En aquel momento, también a petición de las defensas, se pospuso para darles tiempo a elaborar sus propios informes periciales económicos.
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