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Fin de la tregua entre José Luis Ábalos y el Gobierno. El imputado sube la apuesta, se revuelve y, por primera vez, parece apuntar ... contra sus antiguos compañeros del Consejo de Ministros. El extitular de Transportes ha solicitado a Leopoldo Puente, el juez del Supremo que instruye el denominado 'caso Koldo-Ábalos', que cite como testigos a Fernando Grande Marlaska y a su actual número 2 en el ministerio del Interior, el secretario de Estado Rafael Pérez Ruiz, para que expliquen los detalles del millonario contrato que ese departamento cerró con la trama que dirigía Víctor de Aldama, el presunto cabecilla de la trama corrupta.
Además de Marlaska y su secretario de Estado, el exdirigente del PSOE imputado pide al instructor del alto tribunal que interrogue, a dos personas más vinculadas con el Ministerio del Interior. Se trata de dos mandos de la Guardia Civil: Juan Vicente Bonilla, capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) que fue la primera persona que siguió la pista de las actividades sospechosas de Koldo García y que luego ha acabado fichando por la Comunidad de Madrid; y el subteniente José Luis Rodríguez García, ya imputado y quien supuestamente hacía y deshacía a su antojo en el depósito de la sede de Nuevos Ministerio de Madrid donde se almacenaron los tapabocas de las compras bajo sospecha.
La batería de testigos propuesta por el ahora diputado del Grupo Mixto se completa con personas ajenas a Interior como la directora de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Belén Villar; un empresario vinculado a la adjudicaciones de mascarillas; y cuatro personas relacionadas con el piso del Paseo de la Castellana de Madrid que, según De Aldama, iba a poner a nombre de Ábalos como garantía del pago de futuros sobornos.
La petición del exministro de citar al máximo responsable de Interior y su mano derecha -según explica el propio Ábalos en el documento de cuatro páginas remitido al Supremo y al que ha tenido acceso este periódico- es exclusivamente para responder de la «importante cantidad de mascarillas» que Interior compró a la trama. La reclamación de que Marlaska pase por el Supremo se produce después de que el pasado octubre el mando policial de mayor confianza del ministro señalado por la UCO como la persona que abrió las puertas de Interior a la 'trama Koldo', reconociera en la Audiencia Nacional que contrató material sanitario con la red corrupta durante la pandemia, orillando otras ofertas que ni siquiera se llegaron a valorar, por recomendación precisamente de la mano derecha de José Luis Ábalos, Koldo García.
Entonces, el todavía hoy director general de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez González, a quien todo el mundo en el cuerpo conoce como el 'Comisario Lenin' por sus afinidades políticas que le han servido durante los últimos años para ocupar diferentes responsabilidades en Interior y la Policía Nacional casi siempre a la sombra de gobiernos socialistas, confirmó ante el magistrado Ismael Moreno que fue por sus instrucciones que el Ministerio del Interior acabó adjudicando 3,5 millones a la empresa de cabecera de la trama corrupta, Soluciones de Gestión, propiedad de Víctor de Aldama.
La UCO, que se ha hecho con múltiples correos sobre esta contratación que probarían que Koldo García en todo momento tuteló este millonario proceso, no ha determinado sin embargo quién fue la persona que instó a la mano derecha de Marlaska a adjudicar a la empresa que promocionaba el exportero de prostíbulo amigo de Ábalos.
Los investigadores de la Guardia Civil, que en febrero de 2024 ya alertaron de incongruencias en la documentación de Interior para contratar con la trama, ya entonces denunciaron que «no se ha localizado ningún documento que haga referencia a los motivos por los que el Ministerio del Interior decidió contratar a Soluciones de Gestión». Además, los agentes llegaron a quejarse oficialmente y por escrito en sus atestados de la falta de colaboración del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en esta investigación, unas reticencias que no cedieron hasta que no hubo requerimientos judiciales por parte de la Audiencia Nacional.
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