A. MORIYÓN
Domingo, 25 de junio 2017, 18:01
Varios testigos declararon ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tener motivos suficientes como para sospechar que José Ángel Fernández Villa podría haber recibido sobres de dinero de empresarios mineros a cambio de asegurarles un buen trato por parte del sindicato que dirigía, de conseguirles cupo de carbón en las centrales térmicas para sus explotaciones o, simplemente, de mirar hacia otro lado ante decisiones empresariales que podían perjudicar a los trabajadores o a la economía del lugar.
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Tanto el exsindicalista Antón Saavedra como José Vía, secretario estatal de la Federación de Industria de USO, apuntaron en esta línea. E, incluso, el empresario Rodolfo Cachero aseguró que «José Antonio Postigo le solicitó el pago mensual de 20 millones de pesetas para el sindicato a cambio de que pudiera trabajar tranquilo» y le advirtió de que, si no aceptaba, «iba a tener muchos problemas». Cachero aseguró en su interrogatorio que se negó a tal chantaje y que, a partir de ahí, comenzaron en sus explotaciones las huelgas promovidas por el SOMA, «una de las cuales duró cinco meses», recordó. Después, completó, se inició hacia su persona «una persecución a través de denuncias y querellas».
Reconoció que no puede demostrar que algún otro empresario del sector hubiera recibido similares presiones por parte de los entonces dirigentes sindicales. No obstante, dijo, «se comentaba que estas solicitudes (de dinero) eran generalizadas».
Antón Saavedra también da por hecho que los empresarios «pagaban» a Villa para que interfiriera a su favor en el reparto del cupo de carbón en las centrales térmicas. «Las empresas tenían que pasar por el despacho (de Villa) en la plaza de La Salve para conseguir el cupo», llegó a decir. «Villa tenía buena mano, los directores regionales de Minas en Asturias los proponía él, siempre eran personas de su confianza y si Villa quería el cupo de toneladas de carbón, era concedido», sostuvo Saavedra, quien también afirmó que hubo empresarios que «pasaban mensualmente» por aquel despacho para «agradecer» al exlíder sindical su apoyo desde el consejo de administración de Hunosa.
Conocidas son también las sospechas de José Vía, que en una entrevista a EL COMERCIO en octubre de 2014 -y que luego ratificó en comisión parlamentaria- afirmó que, en una reunión de la mesa de negociación del carbón, Villa se negó a destinar los fondos mineros a la producción del carbón y abogó por dirigir el grueso de la ayuda a fundación que gestionaba los cursos de formación (Fundesfor). Ante las críticas del empresario Victorino Alonso, «Villa se alteró mucho y comenzó a gritar al empresario que cómo era posible que les hiciera eso, que siempre le habían apoyado en todo». A lo que Victorino contestó: «Pero bien que os lo he pagado». Lo que, según su relato, provocó un silencio sepulcral y motivó que Villa abandonara la sala. Alonso denunció a Vía por aquellas declaraciones, pero finalmente se archivó la querella al entender el juez que no existía delito de injuria ni de calumnia.
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José Vía no sólo se ratificó ante la Guardía Civil, sino que añadió que «Victorino y Villa eran uña y carne, puesto que ambos tenían intereses en común», y que, aunque no tiene más pruebas que aquellas declaraciones, «he oído decir en la cuenca minera de Cerredo que salía dinero desde Uminsa y de Coto Minero del Carbón hacia el SOMA». Tampoco le quedan dudas a Vía de que «los fondos mineros llegaban al SOMA» porque este sindicato, declaró, «tenía mucho peso para condicionar el reparto» de estas millonarias ayudas.
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