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ANA MORIYÓN
Domingo, 25 de junio 2017, 18:01
La privilegiada posición de José Ángel Fernández Villa en la esfera sindical, política y empresarial de esta región le ha permitido 'controlar' miles de millones de euros durante las últimas décadas. Por este motivo, una vez descartada la procedencia hereditaria de su fortuna oculta, la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para llegar al origen de los 1,2 millones regularizados por el exdirigente sindical ha sido especialmente complicada. En estos momentos toda la atención del llamado 'caso Hulla' se centra en las presuntas anomalías cometidas en relación a la subvención de 30,9 millones (aunque solo se abonaron 27,5 millones) concedida por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) al Montepío de la Minería para la construcción de la residencia de Felechosa, así como las supuestas irregularidades en la adjudicación y ejecución de los trabajos, con fundadas sospechas del cobro de 'mordidas' a los proveedores de la obra. Sin embargo, antes de llegar a este punto se pusieron sobre la mesa numerosas líneas de investigación para tratar de esclarecer la procedencia de su elevado patrimonio. Tantas, casi, como fuentes de ingreso a las que tuvo acceso por los cargos sindicales, políticos y en los consejos de administración de algunas empresas que llegó a desempeñar en las últimas décadas.
La UCO plantea en un primitivo informe, que data de febrero de 2014, varias líneas de trabajo a través de las que se ha podido confirmar que el exdirigente sindical tuvo durante décadas capacidad para interferir en el reparto de miles de millones públicos. Ingentes cantidades de dinero procedentes no solo de los fondos para la reactivación de las comarcas mineras -con subvenciones millonarias para la construcción de infraestructuras, becas de estudio y ayudas a empresas- sino también de partidas de la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las zonas mineras del carbón (Fundesfor) gestionadas directamente por el sindicato y sustanciosas ayudas a empresas mineras del carbón con las que mantenía constantes negociaciones. Solamente en este último concepto Villa habría 'controlado' la friolera de 2.382 millones de euros en ocho años. Y existen varios testigos que apuntan a que esta línea de investigación podría dar aún mucho de qué hablar.
Menoscabo al sindicato y dietas de Hunosa
Está acusado de apropiarse de 431.300 euros del SOMA
El propio SOMA-Fitag-UGT, que ya se ha querellado contra su exlíder en un proceso judicial más avanzado que se desarrolla de forma paralela al 'caso Hulla', ha detectado un importante menoscabo de los fondos del SOMA-UGT (entidad con personalidad jurídica pero sin actividad sindical desde 1994) por parte del exsindicalista. Le acusan de apropiarse de 431.330 euros a través de gastos sin justificar y de las dietas destinadas a todos los miembros del comité intercentros de Hunosa, que cobró a través de cheques nominativos y que nunca repartió. El presunto saqueo al SOMA (entidad que dirigió desde 1979 hasta 2013) y su vinculación con Hunosa (donde ocupó un cargo en el consejo de administración desde 2008 hasta 2011) fueron dos de las primeras líneas de investigación policiales abiertas. Toda la documentación recopilada al respecto fue derivada al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, donde el sindicato minero interpuso una querella contra el exsindicalista, ya en fase de juicio oral, por la que además de la devolución del montante solicita para él una pena de seis años de cárcel. Un año más de lo que pide la Fiscalía.
Fondos mineros para la reactivación de las comarcas
4.000 millones de euros para el Principado
La línea de investigación abierta en relación a la gestión de los fondos mineros para la reactivación de las comarcas mineras, que supuso una lluvia de cerca de 4.000 millones de euros para el Principado, fue también especialmente productiva para la UCO. A nadie se le escapaba que los sindicatos, y especialmente José Ángel Fernández Villa, tuvieron un papel destacado en el reparto y gestión de estos fondos y los agentes no tardaron mucho en llegar hasta el agujero negro en el que se convirtió la construcción de la residencia de Felechosa.
El macroproyecto impulsado por el Montepío de la Minería, con José Antonio Postigo a la cabeza, y ejecutado por la empresa Alcedo de los Caballeros, propiedad de Juan Antonio Fernández, podría estar detrás del dinero aflorado por parte de Villa, pero también de la amnistía de Postigo y del incremento patrimonial del constructor de la obra. Son los tres principales investigados del 'caso Hulla', aunque con ellos han arrastrado también a otros técnicos, empresarios, asesores y familiares.
Negociación con empresarios mineros
Las ayudas se elevan a 2.382 millones en nueve años
La UCO también alerta en este informe del posible pago de «compensaciones económicas» por parte de empresarios mineros a José Ángel Fernández Villa a cambio de su «silencio» ante «prácticas empresariales que podrían haber perjudicado el tejido económico de las comarcas mineras». Llama la atención a los investigadores que no se hubiera producido por parte del sindicato reacción alguna frente a determinadas decisiones que «han perjudicado a la economía de la zona» como, indican, la compra de minas en el Principado «supuestamente deficitarias» por parte de empresarios -se cita concretamente el caso de Victorino Alonso- para cerrarlas «casi inmediatamente». Unas operaciones que, según recoge el informe policial, podrían perseguir «la acaparación de cuotas de carbón» y, como consecuencia, la obtención de más ayudas públicas. Dieciocho empresas mineras de la zona de Asturias y León se repartieron ayudas que sumaban 2.382 millones de euros entre 2004 y 2012, en ocasiones gracias a la complicidad de los sindicatos. Un hecho que no ha pasado desapercibido por la UCO, máxime porque existen varios testigos que apuntan en esta dirección para explicar el origen del dinero negro de Villa.
Cursos de formación del SOMA-Fitag-UGT y Rolando Fernández
El sindicato recibió 1,2 millones de Fundesfor
Los investigadores también han solicitado información sobre las ayudas recibidas por el SOMA-Fitag-UGT por parte de la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las zonas mineras de carbón (Fundesfor) y han comprobado que, por esta vía, el sindicato que Villa dirigió tuvo acceso a otros 1,2 millones de euros. Importe similar para formación gestionó la Fundación Comarcas Mineras (Fucomi), en la que ocupó cargos de responsabilidad su hijo Rolando Fernández, y que por ello fue otra de las líneas de investigación inicialmente abiertas.
Otras sociedades, como Sadim, Infide y Sodeco
Información privilegiada y capacidad para influir
En sus indagaciones la UCO también destaca los cargos que Villa ocupó en otras sociedades, tales como el Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), la Sociedad Asturiana de Diversificación Minera (Sadim) y la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco), entre otras. Esto permitió al exsindicalista tener «acceso a información privilegiada», pero también le dio la posibilidad de influir sobre el destino y la gestión de los programas desarrollados por estas sociedades que, resuelven los investigadores, pudo haber empleado «para favorecer a su entorno o para obtener compensaciones a cambio de dirigir las inversiones de estas sociedades en un sentido determinado».
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