La denuncia del Montepío por delito societario podría salpicar a todos los administradores

La decisión del Montepío de la Minería de personarse en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo por el 'caso hulla' como acusación particular -cuestión que está aún pendiente de resolver por la jueza, que entiende que también puede ser responsable civil- y, de forma paralela, de querellarse directamente contra José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo por la presunta comisión de un delito societario, podría tener consecuencias para el resto de los administradores de la Comisión Regional de aquella época. Administradores, muchos de ellos, que siguen presentes el actual órgano de dirección.

El abogado Miguel Valdés-Hevia, que ejerce la defensa del propietario de Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández, uno de los principales investigados en la causa, apuntó ayer en este sentido y advirtió de que la «decisión del Montepío de la Minería» de acudir al delito societario para denunciar a Postigo como administrador de derecho, y al propio Villa como administrador de hecho, implica que «necesariamente se vayan a investigar a todos los miembros del órgano de administración». El mismo solicitará que así se haga ya que, aduce, el código penal se refiere «a los administradores» en general, sin exclusión de nadie, y vaticina que también lo puedan reclamar el resto de las partes personadas en la causa.

Por otro lado, la magistrada Begoña Fernández ha admitido la personación de la asociación de mutualistas del Montepío de la Minería, pero no en condición de acusación particular, como solicitaban, sino como acusación popular.