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ANA MORIYÓN
Viernes, 23 de junio 2017, 02:55
En el 'caso Hulla' puede quedar, aún, mucha tela que cortar. El Montepío de la Minería ha detectado nuevos desvíos de fondos tanto en las obras llevadas a cabo entre 2012 y 2013 en el balneario de Ledesma (Salamanca) como en la ya en su día polémica compraventa de apartamentos turísticos de Murcia y Almería llevada a cabo en 2003 por parte de esta institución. La actual dirección de la mutua, con Juan José Pulgar a la cabeza, ha hecho públicos ayer -en víspera de la asamblea anual convocada para hoy en Oviedo- los nuevos datos recabados, al tiempo que los ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción con el deseo de que se depuren responsabilidades. Ambas líneas de investigación podrían engrosar las ya de por sí cuantiosas irregularidades supuestamente cometidas por José Antonio Postigo bien al frente del Montepío o en su condición de secretario de acción sindical del SOMA.
El Montepío recuerda a través de un comunicado de prensa que se ha solicitado una auditoría técnica en relación a las obras adjudicadas en diciembre de 2011 a la empresa Alcedo de los Caballeros -la misma constructora que ejecutó la polémica residencia de Felechosa- para acometer mejoras en el citado balneario, proyectadas por el arquitecto Manuel Sastre, también implicado en el 'caso Hulla'. A la espera de conocer las conclusiones de esta auditoría, el Montepío habla ya de «una desviación entre los importes aprobados por la Comisión Regional y los contratos firmados y abonados, por importes muy significativos» que, según fuentes cercanas al caso, ascenderían a un millón de euros. Este desfase ya fue recriminado por parte del Montepío de la Minería al propio Postigo en febrero de 2015, poco después de conocerse que se había acogido a la amnistía fiscal, lo que motivó su expulsión de la entidad. Uno de los argumentos esgrimidos por la actual dirección del Montepío para abrir el expediente sancionador contra quien fuera número uno de la mutua y mano derecha de José Ángel Fernández Villa fue el hecho de que «por su cuenta y riesgo» encargase a la empresa Alcedo de los Caballeros obras en el balneario de Ledesma «que no resultaban imprescindibles, que no habían sido autorizadas y que supusieron un incremento sustancial en el coste». La Comisión Regional del Montepío autorizó un gasto para esta obra de 2,9 millones de euros más IVA (3,5 millones en total) y finalmente se pagaron 3,9 millones (4,5 millones, IVA incluido) sin contar con el órgano competente.
Sentencias firmas de 2012
El Montepío también ha aportado a Anticorrupción «nuevos datos obtenidos de sentencias firmes, concretamente del año 2012, y del Registro de la Propiedad» sobre la polémica compraventa de apartamentos turísticos de Murcia y Almería realizada por la mutua en 2003, siendo presidente Alfredo Espina. En su día se abrió un proceso judicial a instancia de una plataforma de afectados, que hablaba entonces de un pelotazo urbanístico -por la venta de unos apartamentos por debajo del valor del mercado y la compra de otros por encima de su valor- cuantificado en seis millones de euros. El caso fue archivado provisionalmente por la Audiencia Provincial de Oviedo, pero la nueva información que obra ya en poder de Anticorrupción podría fortalecer aquella teoría. Postigo no era presidente de la mutua en aquel momento, pero sí ocupaba el cargo de secretario de Acción Sindical del SOMA-UGT y ejercía de coordinador entre el sindicato y el Montepío. Esto explicaría, anota la actual dirección a través de nota de prensa, las cantidades de dinero de origen desconocido manejadas por Postigo antes de que comenzasen las obras de la residencia de Felechosa, según consta en la instrucción del 'caso Hulla'.
Por último, el Montepío está también a la espera de disponer del informe técnico encargado sobre las obras realizadas en Los Alcázares y en Roquetas de Mar por parte de Alcedo de los Caballeros, que ha interpuesto una demanda a la mutua por importe de 668.330 euros por «supuestas obras no cobradas y realizadas» en ambos centros.
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