El Montepío afronta su asamblea con una exigencia de 526.508 euros de Industria

El Montepío de la Minería afrontará mañana su asamblea anual con una reclamación por parte del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) de más de medio millón de euros que, de tener que abonarla, supondría un varapalo sin precedentes para la organización. El organismo dependiente del Ministerio de Industria le reclama 526.508 euros de la subvención de 27,6 millones que en su día le concedió para la polémica obra del geriátrico de Felechosa. Tras comprobar la documentación que le entregó la mutualidad en 2011, el instituto redactó un primer informe cuatro años más tarde reconociendo el derecho de la mutualidad a percibir la ayuda para construir la residencia, pero limitándola a 24,6 millones. Ni un euro más.

Hace dos años comenzó reclamando los 2,9 millones que resultan de la diferencia que hay entre lo que a su juicio deberían de haber recibido (esos 24,6) y lo que finalmente le pagaron. Industria llegó a esta conclusión al detectar irregularidades en las certificaciones de obras. En ese primer informe detallaban una serie de gastos que, entendían, «no pueden ser subvencionables». Eran cuatro apartados: la segunda certificación de la obra, la redacción del proyecto, la revisión del PGOU y la compra de terrenos. Tras las alegaciones del Montepío, redujeron la deuda hasta los 526.508 euros, a fecha de 20 de enero de 2017 -hasta ese día 97.551 euros corresponden a intereses de demora-.

El primer informe reflejaba que el Montepío no pagó a la adjudicataria del proyecto (Alcedo de los Caballeros) el importe íntegro de la segunda certificación de la obra. Lo abonó a la empresa Ingeniería Asturiana Termoeléctrica. Recibió 578.799 euros. Los 1.096.780 euros que costó la redacción de los proyectos y la asistencia técnica llevada a cabo por la empresa Alfonso X Arquitectos tampoco consideraban que debían incluirse, ya que no existía una relación contractual entre la sociedad y el Montepío, sino con otra empresa, Residencia de Mayores de la Minería. El Instituto dejó fuera de la subvención la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el plan parcial ya que, aseguraba, no se podía comprobar si la oferta seleccionada se realizó conforme a los criterios de eficiencia y economía que exige la ley. Por estos trabajos reservaron una partida de 58.000 euros. Y por último excluyó la compra de varios terrenos por los que se pagaron 23.493 euros, al no estar inscritos correctamente en el registro de la Propiedad.

No son las únicas irregularidades que alegó el Instituto para la Reestructuración del Carbón en las ayudas al geriátrico. En un principio, el Ministerio de Industria concedió al Montepío fondos por importe de 30,9 millones de euros. Nunca llegó a percibir el último pago de 3,3 millones de euros, que quedó pendiente cuando cambiaron los responsables del Instituto con el Gobierno de Mariano Rajoy. El primer pago fue el 22 de febrero de 2009 y la cantidad que recibieron las arcas de la mutualidad fue de 8,3 millones de euros. Las obras ya habían comenzado antes. Ese es otro de los motivos en los que la investigación basa su argumento de que, incluso antes de que dieran el visto bueno a la ayuda, el expresidente del Montepío, José Antonio Postigo, ya daba por hecho que la iban a conceder.

La subvención del IRMC ha estado en el foco de la operación -tanto por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como de la Fiscalía Anticorrupción- desde que en 2013 comenzó la investigación del 'caso Hulla' a raíz de la regularización de los 1,6 millones de euros del expresidente del Montepío y del exlíder del SOMA-Fitag-UGT, José Ángel Fernández Villa, aprovechando la amnistía de 2012. La investigación duda del control que realizó el IRMC sobre los fondos al Montepío. Anticorrupción está pendiente del informe que refleje ese control. Lo ha pedido hasta en dos ocasiones.

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