A. MORIYÓN / C. GARCÍA
Viernes, 16 de junio 2017, 15:46
El actual presidente del Montepío de la Minería, Juan José González Pulgar, destacó en su declaración en calidad de testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo y los fiscales Anticorrupción el papel imprescindible que, bajo su punto de vista, habría tenido José Ángel Fernández Villa, entonces secretario general del SOMA, para que el ambicioso proyecto de la residencia de Felechosa consiguiera financiación a cargo de los fondos mineros.
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Pulgar le atribuye, incluso, la capacidad de forzar al Gobierno central a modificar la normativa vigente para que esta actuación pudiera pagarse de forma íntegra con este dinero. «Si Villa no le da el visto bueno, eso no sale», llegó a asegurar Pulgar ante la magistrada Begoña Fernández, si bien fue especialmente prudente cuando se le cuestionó por posibles contraprestaciones políticas. «En el Montepío de la Minería no se movía nada sin consentimiento del SOMA y probablemente Villa fuera el encargado de la gestión de la subvención y de mover sus contactos políticos, escenario en el que se manejaba bien», relató. Sin embargo, pese a la insistencia de los fiscales, especialmente interesados en depurar responsabilidades políticas en este caso, dijo no estar en condiciones de asegurar que algún cargo político o funcionario público hubiera cometido ilegalidad alguna o recibido contraprestación económica u de otro tipo por el hecho de bendecir este proyecto.
En lo que parece no tener dudas el actual presidente del Montepío, y así lo manifestó ante la jueza, es en que «la adjudicación de la residencia de Felechosa se hizo a la carta», algo que ya manifestó en su comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria en torno a la fortuna oculta de José Ángel Fernández Villa y de la gestión de los fondos mineros. Y le consta, declaró en el juzgado, porque el propio José Manuel Fernández, en su momento asesor fiscal de la mutualidad y ahora uno de los principales investigados en el 'caso Hulla', le confesó que «el truco» para la adjudicación de estos trabajos a Alcedo de los Caballeros fue «la sobrevaloración que se hizo en el baremo al spa». Una operación de dudosa legalidad de la que Pulgar responsabiliza directamente al expresidente del Montepío, José Antonio Postigo; al arquitecto de la obra, Manuel Sastre y al citado exasesor, a quien él mismo cesó nada más conocerse su colaboración con Villa y Postigo para aflorar su dinero oculto.
«Era 'ordeno y mando'»
Pulgar eximió de toda culpa al actual asesor jurídico del Montepío, también investigado en esta causa. En su declaración ante la jueza, el propio Rafael Virgós aseguró que su participación en la adjudicación de la obra a Alcedo de los Caballeros, pese a formar parte de la mesa técnica que realizó las valoraciones favorables, fue muy limitada. También apuntó directamente como máximos responsables al exasesor fiscal y al arquitecto, si bien subrayó el poder que José Antonio Postigo tenía para hacer y deshacer a su antojo cualquier decisión en la mutua. «Era 'ordeno y mando'. Tenía capacidad para todo», declaró.
Rafael Virgós, sin embargo, asegura que en el proceso él se limitó a redactar el pliego de condiciones «que probablemente calqué de algún sitio». «Hasta el baremo para la adjudicación de la obra me lo dieron hecho», añadió. Tampoco tuvo responsabilidad alguna, dijo a la jueza, en el seguimiento de la obra. «Nunca estuve en la residencia de Felechosa, ni siquiera me invitaron a la inauguración», zanjó.
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