Anticorrupción insta a investigar a cargos políticos y funcionarios por el 'caso Hulla'

La Fiscalía Anticorrupción quiere ir un paso más allá. Tras poner en marcha la investigación en relación a la fortuna oculta de José Ángel Fernández Villa, y señalar como origen de la misma las obras de la residencia de Felechosa, propiedad del Montepío de la Minería, el ministerio público no quiere quedarse en este primer escalafón. Esto es, las irregularidades que, supuestamente, se cometieron tanto en la adjudicación de esta obra -por parte de la mutua que en aquel momento presidía José Antonio Postigo- como en la ejecución y liquidación de los trabajos por parte de la empresa Alcedo de los Caballeros -propiedad de Juan Antonio Fernández-. La Fiscalía se querella por el momento contra quince personas -los ya citados Villa, Postigo y Fernández, pero también familiares directos de los dos primeros y otros técnicos y asesores vinculados a la mutua o a las obras-. Sin embargo, advierte de la necesidad de ampliar las diligencias a las autoridades políticas y funcionarios públicos que intervinieron en la adjudicación y fiscalización de la subvención que se utilizó para financiar esta obra: 30,9 millones procedentes de los fondos mineros.

Los investigadores apuntan, por el momento, delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda pública por parte de los hasta ahora imputados, pero insta a investigar si desde la Administración pública se pudieron cometer también delitos de prevaricación, cohecho o malversación de caudales públicos.

Los fiscales Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa sospechan que pudo haber irregularidades tanto en la concesión de la subvención como en la ejecución y liquidación de la misma y llegan a asegurar en su escrito que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, dependiente del Ministerio de Industria, actuó con dejadez porque no efectuó «la comprobación material de la inversión a la que se ha destinado la subvención».

La Fiscalía ve «indicios objetivados de responsabilidad criminal» en cuanto, enumera, «se falsearon y ocultaron datos esenciales» para que el Montepío de la Minería pudiera acceder a la subvención de los fondos públicos estatales; se firmó el convenio de colaboración para la concesión de la subvención «simulando la concurrencia de los requisitos necesarios para ello» y se creó un «procedimiento de licitación ficticio para la adjudicación de la obra». También advierte en su escrito que se concedió la subvención por un importe «muy superior» al que hubiera sido necesario para acometer el proyecto, que estaría claramente «sobredimensionado»; que se destinó parte del dinero de la ayuda a otros fines para los que fue concedida y, como resultado de todo lo anterior, que «se obtuvieron ilícitamente ingentes cantidades de dinero» que se vinculan directamente a la fortuna aflorada por Villa y Postigo en la amnistía fiscal.

Concesión de la subvención

Anticorrupción cree que las presuntas ilegalidades en relación a esta obra comenzaron mucho antes de que se aprobara oficialmente la concesión de la subvención que, por otro lado, contó con todo tipo de apoyo por parte de las administraciones públicas. La Mesa Regional de la Minería en la que participó el propio José Ángel Fernández Villa, en calidad de secretario general del SOMA, pero también Maximino García en representación de la Federación Minero Metalúrgica de CC OO; Gabriel Pérez Villalta como presidente de la asociación de las comarcas mineras y alcalde de Aller y el entonces consejero de Industria del Principado, Graciano Torre, acordó dar «prioridad» a este proyecto «de singular importancia». Lo hizo en julio de 2008 e, incluso, reservó para el mismo una partida de 28.858.889,98 euros. Llama especialmente la atención a la Fiscalía que, cuatro meses antes, en marzo de aquel mismo año, la constructora Alcedo de los Caballeros ya había presentado al Montepío de la Minería un anteproyecto del complejo, suscrito por el arquitecto Manuel Sastre, con un presupuesto por idéntica cuantía. Exactamente 28.858.889,98 euros.

La obra salió a concurso por 27,73 millones y fue adjudicada finalmente en 26,9 millones a la citada empresa, pese a que su oferta no era la más económica. Luego, además, el coste fue incrementándose hasta superar incluso el montante de la subvención, también modificada al alza, hasta llegar a los 30,9 millones.

El acuerdo de la Mesa Regional de Minería no es el único que afecta a cargos políticos. Los fiscales dedican un apartado de su escrito a mencionar la reforma por parte del Gobierno central de José Luis Rodríguez del real decreto que regula el régimen de estas ayudas y que permitió financiar hasta el 100% de este proyecto, aunque entró en vigor julio de 2009, cuando los trabajos no solo ya contaban con el beneplácito de la Mesa Regional de la Minería, sino que, incluso, ya habían comenzado. Lo hicieron, exactamente, en mayo de 2009, sin tener en regla ninguno de estas autorizaciones, ni tan siquiera la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Aller, que llegaría septiembre de 2010. Para entonces la empresa Alcedo de los Caballeros ya había emitido 17 certificaciones de obra.

De hecho, no fue hasta octubre de 2009 cuando el Consejo de Ministros autorizó al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón suscribir el convenio de colaboración específico con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado, que entonces encabezaba Noemí Martín, y el propio Montepío. Aquel convenio fue suscrito el 22 de diciembre de 2009 por el entonces secretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín, la citada consejera de IU y el propio José Antonio Postigo, elevando ya el coste global del convenio hasta los 30,9 millones.

«Plan establecido»

Los investigadores sospechan que, «siguiendo los dictados del plan establecido», la empresa adjudicataria de las obras incrementó el precio de su oferta inicial «hasta coincidir 'al euro' con el importe de la subvención pública» a través de varios modificados del proyecto. El primer informe elevó el presupuesto de los 26,9 millones en los que se había adjudicado la obra hasta los 28,8 que la empresa ya había propuesto en su anteproyecto. Un segundo informe modificó el coste hasta los 30,7 millones, IVA aparte.

El escrito de los fiscales critica la dejadez del Instituto para Reestructuración de la Minería del Carbón que no puso atención en las certificaciones de la obra de la residencia, con claros sobrecostes, y que «dieron cobertura al desvío de fondos provenientes de la subvención».

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