Villa dice que no tiene ni para comer

José Ángel Fernández Villa y sus familiares directos tienen todas las tarjetas de débito anuladas, lo que les impide manejar sus ahorros, como consecuencia de la orden emitida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que -en su auto de medidas cautelares con fecha del 29 de mayo- requirió el bloqueo de sumas por encima de los 6.000 euros de todas las cuentas del exdirigente sindical y su familia.

La abogada del exsindicalista, Ana García Boto, ha querido poner en conocimiento de la jueza esta situación que, advierte, impide a su cliente hacer frente a las necesidades más elementales. Y llega a citar, incluso, «gastos de comida, farmacia y taxis».

La defensa de Villa niega, en un primer escrito, que haya tenido acceso al citado auto y, se sobreentiende que escudándose en esta supuesta falta de información, llega a pedir a la magistrada Begoña Fernández que proceda a subsanar «cualquier error» puesto que, argumenta, «está en juego el derecho a la subsistencia que tiene todo ciudadano, incluso en su condición de investigado en un proceso penal».

La magistrada ha tardado lo justo en responder a la letrada. Begoña Fernández contestó prácticamente de inmediato con especial contundencia que le consta que tal documento ya obra en poder de su procuradora y aprovechó, además, para exigirle que en el plazo de un solo día -que concluía ayer- aporte al juzgado la información pertinente sobre todas las cuentas bancarias de su cliente.

La abogada de Villa presentó, posteriormente, un recurso de reforma contra el citado auto en el que abunda en que, incluso teniendo en cuenta el margen de 6.000 euros que le ofrece el juzgado, esta cuantía es «insuficiente» para atender «los gastos comunes que las circunstancias personales, familiares y procesales» de Villa le van a ocasionar en los próximos años. Y eso, anota, porque no se ha precisado aún durante cuánto tiempo tendrán el exsecretario general del SOMA y el resto de los investigados en la causa que subsistir con esos 6.000 euros.

Boto no sólo muestra su disconformidad con las medidas cautelares interpuestas. Tampoco comparte los delitos atribuidos a su cliente de blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial, fraude de subvenciones, tráfico de influencia y apropiación indebida, entre otros, relacionados con las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de residencia de Felechosa. «No se desarrolla en ningún apartado del auto recurrido nada que nos lleve a pensar que tales delitos han podido ser cometidos o tener algún tipo de participación en ellos mi representado», aduce. Lo único que se le atribuye, apunta, es «estar notoriamente vinculado» con José Antonio Postigo, expresidente del Montepío y uno de los principales acusados.

La letrada asegura que, tras la regularización de los 1,2 millones en la amnistía fiscal de 2012, las cuentas bancarias y gastos de Villa «son totalmente transparentes». Aporta como prueba copias de las cartillas de dos cuentas bancarias en las que se pueden ver sus últimos movimientos -sin más ingresos que los derivados de la pensión de jubilación- y que tienen saldos de 42.717 y 138.191 euros, respectivamente. La letrada concluye en su escrito que las medidas cautelares «no guardan proporcionalidad alguna con el patrimonio» de su cliente. Todos sus bienes, alega, «le son absolutamente necesarios para satisfacer su derecho a subsistir en las mismas condiciones que disfrutaba antes de la querella» sin que, añade, hubiese realizado ningún intento de sustraer bienes ni capital durante los últimos años, a sabiendas de que estaba siendo investigado.