La Fiscalía atribuye seis delitos a Villa y Postigo y ve necesario investigar autoridades y funcionarios

Blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida y delito contra la Hacienda pública. Son los presuntos delitos que la Fiscalía atribuye a José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo de acuerdo a las investigaciones desarrolladas en el marco de la 'operación Hulla'. Todo esto, añade el extracto de la querella difundido este martes por el ministerio público, «sin perjuicio de que puedan también ser constitutivos de otra serie de delitos que deberán investigarse en la instrucción respecto a las otras autoridades y funcionarios públicos intervinientes». Y es que, según se desprende del escrito de acusación, podrían apreciarse indicios de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.

En la exposición de motivos, el ministerio público sostiene que Fernández Villa «se prevalió del poder que le concedían los cargos que desempeñó desde el año 1978» tanto en la Federación Socialista Asturiana como en el SOMA-Fitag-UGT para «situar al frente del Montepío» a Postigo y conseguir una subvención de casi 31 millones de euros del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón destinada a la construcción de la residencia de Felechosa. Respecto a Postigo, la Fiscalía considera que «abusó» de su posición para, según los indicios, «obtener entre los años 2003 y 2015 de forma fraudulenta fondos privados del propio Montepío a través de la utilización de empresas interpuestas en la concesión del servicio de limpieza de las residencias y desviar parte del dinero público recibido a través de la subvención en su propio beneficio y también de las personas que coadyuvaron en la realización de las acciones necesarias para ello, entre las que se encontraría Fernández Villa».

Pero, según sostiene la Fiscalía, no actuaron solos, sino «de manera concertada con personas de su más íntima confianza, entre las que destacan los miembros de sus respectivos núcleso familiares», su asesor fiscal y el promotor y arquitecto del geriátrico.

En el documento difundido este martes por la Fiscalía, desgrana las supuestas actuaciones ilícitas de los principales implicados en la 'operación Hulla'. Respecto al exlíder del SOMA, el ministerio público señala que los 1,2 millones de euros que regularizó a través de la 'amnistía fiscal' de 2012 «no puden proceder de una herencia» ni «de sus ocupaciones profesionales ni de otros rendimientos de carácter lícito». Respecto a Postigo, que aprovechó la medida fiscal para declarar más de 400.000 euros, la Fiscalía resalta que los ingresos registrados «no puden jusitificar ni la regularización fiscal especial a la que se acogió en el año 2012 junto a su hija, ni en una notable cuantía compras realizadas para él o para alguno de los miembros de su familia». Es más. Considera que el incremento de su patrimonio «tiene como presupuesto el torcido desempeño de los cargos que ostentó al frente del Montepío». Una de las acciones que destaca la fiscalía es el incremento ficticio de costes de los servicios de limpieza y la facturación irregular.

Desvío de fondos del carbón

Las irregularidades en la gestión de los fondos del Montepío llegaron a su pico más alto, según la Fiscalía, con la subvención de 31 millones de euros del Intituto del Carbón para la construcción del geriátrico. Este proyecto «sirvió para el desvío y correlativo lucro económico ilícito de los querellados a costa de las arcas públicas». Además, considera probado que «la connivencia llegó hasta el extremo» de que la adjudicación de la obra se aprobó antes que la propia actuación y antes de disponer de fondos para sufragarla.

Este hecho queda de manifiesto, por el ejemplo, por la fecha de la licencia de obra emitida por el Ayuntamiento de Aller. Se aprobó en septiembre de 2010, «cuando ya se habían emitido un total de 17 certificaciones de obra, al haberse iniciado las mismas el 2 de mayo de 2009».

El escrito fiscal recoge también que en julio de 2008, en una reunión de la Mesa Regional de la Minería, se determinó que la obra de Felechosa conllevaría una inversión de 28,8 millones de euros y que «cuatro meses antes», la promotora había presentado un anteproyecto a la mutualidad con un presupuesto por la cifra exacta de la ayuda. En el convenio entre el Instituto del Carbón y el Principado, por su parte, se establece que «el coste global asciende a 30,9 millones de euros, financiándose por parte del instituto el 100% de las actuaciones previstas en el convenio de colaboración». Esa cifra se alcanzó con varias modificaciones del proyecto.

La Fiscalía concluye este relato de los hechos de forma rotunda: «La adjudicación de la obra culminó el plan concertado entre los querellados Fernández Villa y Postigo, entre otros participantes, para presuntamente lucrarse ilícitamente con fondos públicos». Esto se prolongó en el tiempo con la concesión de otros trabajos en las residencias de los Alcázares (Murcia), Roquetas de Mar (Almería) y Ledesma (Salamanca), hasta el punto de que el Montepío se convirtió en el principal cliente de la constructora. Todo ello, según el ministerio público, redundó en beneficio de Postigo «a través de comisiones por la sobrefacturación de los servicios prestados o mediante el uso de facturación ficticia». «Presuntamente, estas comisiones eran abonadas en un bar de la localidad de Pola de Lena».

Por todo esto, la Fiscalía concluye que hay indicios de que «se falsearon y ocultaron datos esenciales para obtener la subvención de fondos públicos estatales» y de que «se concedió la subvención por un importe muy superior al que hubiera sido necesario» ejecutar la obra del geriátrico. Asimismo, señal que «no se destinó parte del dinero de la subvención a los fines para los que fue concedida» y que «se obtuvieron ilícitamente ingentes cantidades de dinero» que afloraron con la 'amnistía fiscal'.

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