Las subcontratas del geriátrico pagaron 2,7 millones en 'mordidas'

Las investigaciones abiertas para tratar de esclarecer el origen de la fortuna oculta de José Ángel Fernández Villa han puesto el foco desde el primer momento en las presuntas irregularidades cometidas tanto en la adjudicación como en la ejecución de la residencia de Felechosa, propiedad del Montepío de la Minería y financiada con cargo a una subvención de 30,9 millones de euros de los fondos mineros. El propio Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo vincula los 1,2 millones regularizados por el exsindicalista y el elevado incremento patrimonial de otros de los investigados en la denominada 'Operación Hulla' -principalmente José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la Minería, y Juan Antonio Fernández, titular de la empresa adjudicataria de la obra, Alcedo de los Caballeros- con los presuntos sobrecostes de esta obra que, según los investigadores, podría haber costado la mitad de lo que se pagó por ella. Esto es, se habrían desviado 15 millones de euros.

La investigación apunta a comisiones ilegales por parte de las empresas y autónomos que fueron subcontratados para la construcción de este equipamiento e, incluso, se señala como lugar para hacer este tipo de pagos el bar que el propio Juan Antonio Fernández regenta en Pola de Lena. Pero el informe elaborado por los fiscales Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa da ahora un paso más sobre la forma de actuar de los principales acusados que explicaría cómo buena parte de la subvención otorgada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón acabó en los bolsillos tanto del exdirigente sindical como de sus allegados y familiares.

La Fiscalía Anticorrupción ha rastreado las cuentas de las empresas que participaron en esta obra y tiene constancia de que, durante el tiempo en el que se prolongaron los trabajos, estas retiraron grandes cantidades en efectivo que suman 2,7 millones de euros. Los investigadores relacionan directamente este dinero con los fondos de origen desconocido que afloraron tanto Villa como el núcleo familiar de José Antonio Postigo. De esta forma, según recoge el diario El Mundo, la empresa responsable de la climatización de la residencia retiró en efectivo de sus cuentas, entre los años 2009 y 2012, 758.740 euros. Por su parte, la empresa encargada del hormigón, sólo en el ejercicio 2010 sacó 117.400 euros. La firma encargada del aislamiento de la residencia sacó de sus cuentas bancarias en metálico en tres años más de un millón de euros (1.200.849 euros). Y hay más. Los albañiles sacaron 120.480 euros, los pintores de la residencia 163.089 euros y los electricistas 206.500 euros.

Pese a las sospechas de Anticorrupción, hasta el momento el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que se ocupa del caso únicamente ha abierto diligencias en calidad de investigado a un único proveedor de esta obra. Se trata de Jorge González Muñiz, titular de la empresa Ingeplus, quien reconoció a EL COMERCIO que participó en el proyecto cuando ya estaba prácticamente acabado -«hice un trabajo y me fui», se limitó a explicar-. La magistrada le da por ahora un papel secundario en la trama, muy diferente al que atribuye no sólo a Villa, a Postigo o al constructor, sino también al exasesor jurídico del Montepío de la Minería, José Manuel Fernández; así como al arquitecto del proyecto y miembro de la comisión técnica que asesoró al Montepío en la adjudicación de la obra, Manuel Sastre. Todos ellos, y las familias de Villa y Postigo, tienen bloqueadas sus cuentas bancarias por encima de los 6.000 euros. También están investigados el aparejador de la obra, Vicente Fernández y el actual asesor jurídico del Montepío, Rafael Virgós.

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