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C. GARCÍA
Martes, 6 de junio 2017, 03:07
El informe de la UCO también aclara los hechos que se atribuyen al constructor del geriátrico de Felechosa y propietario de la empresa Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández. Indican los agentes que existe «una estrecha relación de amistad y de absoluta confianza» entre este y Postigo, y que «estos vínculos propiciaron que además de la obra de la residencia, muchos de los proyectos del Montepío terminaran en manos de Juan Antonio Fernández a través de las sociedades que controlaba».
Afirma el informe que Alcedo recibió 30,1 millones de euros por la obra de la residencia, por la cual «obtiene un beneficio neto que se eleva a 7.038.742,85 euros».
El asunto va más allá. Según el mismo informe, «existen indicios que señalan cómo José Antonio Postigo, con la participación de Juan Antonio Fernández, se habría presuntamente apropiado de 361.080 euros de una aportación económica realizada por Repsol al Montepío. Esta aportación de Repsol no era más que unos ingresos extraordinarios de los que el Montepío se podría haber nutrido. Sin embargo -continúa el informe de la UCO- estos fondos se trasvasan sin aparente justificación a la empresa POSFER, sociedad controlada por Juan Antonio Fernández, justificándose como contraprestación a la obra civil que ya antes se había abonado a cuenta de las certificaciones de obra de la residencia de Felechosa con fondos procedentes de la subvención».
Pagos en mano en un bar
Aseguran los agentes que las declaraciones de los testigos confirman «la existencia de comisiones en torno a este proyecto -la residencia geriátrica- y que se pagaba un tanto por ciento en efectivo en un bar de Pola de Lena propiedad del propio Juan Antonio Fernández, de quien subrayan que «ha manejado una gran cantidad de dinero en efectivo de origen indeterminado, fondos que se presumen relacionados con las irregularidades que se cometieron durante la ejecución de la obra».
Entre otras irregularidades, se señala que la empresa de Juan Antonio Fernández también ejecutó trabajos en el complejo residencial del Montepío en Los Alcázares. Esto, de por sí, no sería punible. El caso es que «se incluyeron fraudulentamente en la segunda certificación de la obra de Felechosa. Estos trabajos se facturaron como si correspondieran a trabajos de esta nueva residencia, por lo que se abonaron fraudulentamente a cuenta de la subvención concedida por el IRMC». Esto es, se hicieron obras en Murcia con cargo a los fondos mineros que correspondían a Asturias. La cantidad «total que figura pagada por el Montepío a cuenta de estos trabajos fue de 689.046,72 euros».
¿Y quién firmaba las certificaciones en Felechosa? Aquí el informe apunta al también investigado arquitecto Manuel Sastre, quien cobró «320.012,02 euros de 2011 a 2013. Estos últimos pagos podrían estar relacionados tanto con la obra de Felechosa como con algún otro proyecto desarrollado por el Montepío, como podrían ser las obras de ejecución del Balneario de Ledesma» (su reforma, que supuso 4,5 millones de euros).
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