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C. GARCÍA
Martes, 6 de junio 2017, 03:06
Los 1,2 millones de euros que el exlíder sindical del SOMA-Fitag-UGT, José Ángel Fernánez Villa, regularizó hace cinco años aprovechando la amnistía fiscal estuvieron guardados a buen recaudo en una caja de seguridad del Banco Santander de la calle de Uría, en Oviedo, según la versión del informe de la UCO. No estarían solos. Los acompañaría al menos parte de los más de 926.000 euros de el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, y de los que legalizó algo más de 436.000. Ambos lo hicieron, según apunta la investigación, aconsejados por el exasesor del Montepío de la Minería, José Manuel Fernández. Sería él quien acudió hasta el banco y sacó el dinero que guardaban en la caja. Entre el dinero que se llevó para regularizar aparecen 800 billetes de 500 euros, lo que sumarían 400.000 euros y otros 450 de 200 (90.000 euros).
La investigación de la Unidad de Control Operativo (UCO) de la Guardia Civil señala al exasesor como pieza «fundamental» en todo el proceso para la legalización del dinero. Tras solicitar información a la Agencia Tributaria determinaron que ni José Ángel Fernández Villa, ni José Antonio Postigo, ni sus núcleos familiares poseen una caja de seguridad, pero sí José Manuel Fernández, en una sucursal de la calle de Uría, en pleno centro de Oviedo. Fue precisamente el encargado de «realizar personalmente» todos los ingresos. ¿Y cómo lo hicieron? En el caso de Villa hablan de 1,2 milones. Para regularizarlo realizaron ingresos en cuatro cuentas bancarias: 500.000 euros en una en la que figura como titular el exlíder sindical; 400.000 euros en la de su mujer, María Jesús Iglesias García, y dos ingresos de 150.000 euros cada uno en cuentas propiedad de sus hijos. Pero además, la investigación apunta a otros 149.630 euros que Villa ingresó en efectivo en productos bancarios, de ahí que el dinero «irregular» ascienda en la 'Operación Hulla' a 1,34 millones de euros.
En el caso de José Antonio Postigo las cosas se hicieron de otra manera. Se sospecha que es cerca de un millón de euros el importe no justificado y del que se desconoce su procedencia.
Según la UCO, 436.100 euros se declararon ante la Agencia Tributaria y el propio expresidente aseguró que la cantidad la tenía «en casa» y provenía de rentas; en compra de bienes muebles sostienen que gastó 142.898 euros, posiblemente para realizar alguna operación inmobiliaria; en ingresos en productos bancarios -en el caso de Postigo la cantidad asciende a 248.124 euros (alrededor de 100.000 euros por encima de lo que ingresó José Ángel Fernández Villa)- y cerca de 90.000 euros destinados a compras, sin que se haya detallado su origen, y en la compra de un bien inmueble de cerca de 10.000 euros.
En ambos casos, la investigación apunta a que la pieza clave en la regulación del dinero es el exasesor fiscal. José Manuel Fernández, tras prestar declaración ante la jueza del juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, Begoña Fernández, quedó en libertad provisional. La Fiscalía Anticorrución pedía pena de cárcel eludible con el pago de una fianza de un millón de euros.
El papel relevante de José Manuel Fernández viene reflejado también en el auto de instrucción de la jueza Fernández. Entre otros asuntos, entiende que existen indicios de criminalidad y participación concertada de José Ángel Fernández Villa y sus familiares directos, así comode José Antonio Postigo, su familia y pareja actual en el delito de blanqueo de capitales en el que entienden como «cooperador necesario» de todos ellos al exasesor.
La caja de seguridad de Fernández no fue dada de baja, aunque tras el auto judicial, está bloqueada y precintada para ser inspeccionada por los agentes de la UCO de la Guardia Civil.
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