La Fiscalía cree que Postigo y el constructor pactaron hinchar precios y repartir comisiones

La investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en enero de 2013, para tratar de determinar la procedencia de los 1,2 millones de euros regularizados por José Ángel Fernández Villa, había situado las obras de la residencia de Felechosa, propiedad del Montepío de laMinería, en el centro de todas las miradas. Pero ayer, una vez levantado el secreto de sumario por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, trascendió que existen tres posibles fuentes de ingresos ilícitos que sitúan al expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, y al constructor de esta obra, José Antonio Fernández, como claves en la trama.Se les atribuye un delito de blanqueo de capitales, fraude de subvenciones, falsificación en documento mercantil y apropiación indebida. Hay al menos doce investigados, con José Ángel Fernández Villa como punto de partida de la operación, pero aún queda que se conozca su papel. La Fiscalía Anticorrupción tiene indicios para sospechar que su fortuna oculta procede de esta obra.

Los investigadores sospechan, además, que se habrían cometido irregularidades en la ejecución de esta residencia financiada con cargo a los fondos mineros y que supuso un coste final de más de 30 millones de euros desde el primer momento. Se señala, en primer lugar, posibles acuerdos entre Postigo y el constructor para favorecer la adjudicación del proyecto a la empresa de este último. Se habla además que se hizo con la complicidad del arquitecto de la residencia, Manuel Sastre, miembro de la comisión técnica que asesoró al Montepío.

En segundo lugar, las indagaciones de la UCO apuntan a un incremento artificial de las certificaciones en la construcción de esta residencia, responsabilizando del desfase tanto a Postigo como al constructor. Unos hechos que ya fueron denunciados por la actual dirección del Montepío por vía civil tras detectar que el geriátrico presenta serias deficiencias. Existe, de hecho, un informe técnico solicitado por la mutualidad que ratifica que en algunas actuaciones «no coincide lo ejecutado con lo proyectado y liquidado», mientras que en otros casos, añade, «hay obra proyectada que no está ejecutada pero sí liquidada». El Montepío de la Minería cifró estas irregularidades en dos millones de euros que ya ha reclamado de forma conjunta al constructor, al arquitecto y al aparejador de la obra.

La tercera línea de investigación se refiere al pago de comisiones. La UCO tiene indicios de que las obras motivaron el pago de comisiones que podrían explicar el incremento patrimonial no justificado de José Antonio Postigo, si bien las defensas mantienen que esta acusación «se basa en rumores más que en pruebas».

Tras las declaraciones

Manuel Sastre está más tranquilo. Tras dos noches en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Oviedo y después de diez horas en los juzgados antes de conocer la decisión de la jueza que instruye el caso, Begoña Fernández, el arquitecto duerme desde el jueves en casa. Como el resto de los investigados de la Operación Hulla con la salvedad de que no tendrá que visitar los juzgados cada uno y quince de mes y no le han retirado su pasaporte. A partir de ahora toca esperar. El arquitecto de la residencia de Felechosa fue el primero en salir por la puerta. Lo hizo tras prestar declaración en el juzgado de Instrucción número 3. Se limitó a relatar los hechos desde que se hizo cargo de la obra. Apuntó cronológicamente todos los detalles desde que le adjudicaron el proyecto, lo que cobró, la factura que recibió y por la que tributó. Del resto dice no saber nada. A las doce de la noche salía por la puerta acompañado de su abogado Javier Díaz Dapena. Visiblemente cansado (faltaban dos minutos para la medianoche) aunque algo más aliviado, quedaba en libertad provisional con cargos. Es el único de los que prestaron declaración el jueves para el que la fiscalía anticorrupción no solicitaba pena de cárcel . «Nadie ha pedido prisión porque no hay motivo para tenerlo retenido», explica el letrado.

Tras diez horas y media de espera desde que llegaron en furgón de la Guardia Civil, los cuatro salieron por su propio pie arropados a sus abogados. Las declaraciones comenzaron a las cinco y media de la tarde. Aparentemente sería cuestión de unas horas. Pero fue cayendo la tarde y no fue hasta la 1.30 de la madrugada cuando la jueza abandonaba la sede.

Las autoridades judiciales optaron por interrogar uno a uno a todos para una vez acabar este primer trámite comenzar con las comparecencias. El exasesor fiscal del Montepío, José Manuel Fernández, declaró durante más de dos horas y media frente a los quince o veinte minutos del resto. Parece que no solo se limitó a relatar los hechos, más bien todo apunta a que contestó a preguntas de Fiscalía, de la jueza y de su letrado. Fue un día intenso. Los fiscales anticorrupción que viajaron desde Madrid a Asturias, Carmen García Cerdán e Ignacio Stampa, fueron muy «incisivos» durante el proceso. Las elevadas fianzas los abogados coincidían en que no recuerdan algo parecido en Asturias dan aún más fuerza a esta afirmación.

A cuentagotas y por este orden, tras Sastre, abandonaron la sede el constructor Juan Antonio Fernández para el que los fiscales solicitaban cárcel eludible con el pago de un millón de euros; José Manuel Fernández exasesor del Montepío (400.000 euros de fianza o prisión), y el expresidente José Antonio Postigo que lo hizo cerca de la una y media de la mañana (ingreso en Villabona o un millón de euros). El andaluz fue el último en llegar al cuartel ya que tuvo que ser trasladado desde Murcia donde se encontraba en el momento de su detención. Lo hizo el miércoles sobre las cuatro de la tarde en un coche con los cristales tintados. Tenía pendiente prestar declaración ante los agentes de la Unidad de Control Operativo (UCO). «Estoy muy bien. Ha sido duro pero todo va bien». Así de animado abandonaba el jueves los juzgados junto a su abogado José Joaquín García.

Caía la tarde y del interior de la sala de vistas no llegaban noticias. El furgón que les trasladó desde el Rubín no se movía de la puerta lo que hacía presagiar un posible ingreso en prisión. De hecho así lo habían solicitado los dos fiscales para tres de ellos salvo para el arquitecto. Finalmente la jueza Begoña Fernández dictó su auto y ordenó la libertad provisional con cargos para todos. En el caso el expresidente de Montepío, el constructor y el exasesor fiscal impuso condiciones. Tras decretarse ayer a última hora de la mañana la apertura del secreto de sumario, los abogados podrán conocer todos los detalles de la Operación Hulla que se puso en marcha por los agentes de la UCO en enero de 2013.

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