Las hijas, la exmujer y la actual pareja de Postigo, investigadas, se acogen a su derecho a no declarar

Las comparecencias en el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo con motivo de la 'Operación Hulla' propiciaron que coincidieran en sede judicial la exmujer de José Antonio Postigo, Elena Pérez, y sus hijas Elena y Patricia -que fueron citadas a declarar en calidad de investigadas-; con su actual pareja, Dorina Bischer, también investigada, y uno de los hermanos de Postigo, que acudió a acompañar a esta última. Aunque el hermano de Postigo saludó a sus sobrinas y a la madre de éstas en la zona de espera, Dorina mantuvo una posición distante con las otras tres mujeres. Todas ellas se acogieron a su derecho a no declarar.

La exmujer de Postigo, Elena Pérez, y las hijas de ambos, Patricia y Elena Postigo, siguen de esta forma los mismos pasos que la familia de José Ángel Fernández Villa. María Jesús Iglesias y sus hijos, Ángela y Rolando Fernández, fueron requeridos en las dependencias de la Guardia Civil el pasado martes, el mismo día en el que se puso en marcha el operativo policial y judicial de forma simultánea en diferentes puntos de Asturias, Madrid, Murcia y Valladolid, que incluyó el registro de la vivienda de Villa y la detención del propio Postigo, además del exasesor del Montepío de la Minería, José Manuel Fernández; del gerente de la constructora adjudicataria de las obras de la residencia de Felechosa, Juan Antonio Fernández y del arquitecto de la misma, Manuel Sastre.

La familia de Villa acudió a las dependencias policiales asistida por su abogado, en este caso Ricardo Álvarez-Buylla, y un día después, el pasado miércoles, esposa e hijos fueron citados en calidad de investigados ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo. Los tres se acogieron a su derecho a no declarar y todo hace indicar que los familiares de Postigo hicieron lo mismo ayer en el cuartel del Rubín, a tenor del escaso tiempo que permanecieron en el interior de las dependencias. También la segunda mujer de José Antonio Postigo, Dorina Bischer, fue vista ayer en las inmediaciones del juzgado acompañada por José Joaquín García Fernández, letrado del expresidente del Montepío.

A lo largo de la mañana pasaron por las dependencias judiciales al menos media docena de personas más para declarar en calidad de testigos. Se trataba de trabajadores que, o bien habían participado en la construcción del geriátrico de Felechosa, o estaban de alguna manera relacionados con la empresa Alcedo de los Caballeros, adjudicataria de la obra. Esto es, exempleados de esta firma, autónomos que fueron subcontratados por el constructor Juan Antonio Fernández e, incluso, alguna persona que trabajó para él pero en otras obras.

La construcción de la residencia de Felechosa, propiedad del Montepío de la Minería y ejecutada con fondos mineros, centra buena parte de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de la regularización de 1,2 millones por parte de José Ángel Fernández Villa. Se investiga si, tal y como sospechan los agentes de la UCO, buena parte de esta fortuna oculta que amasó el exlíder sindical, así como el enriquecimiento de alguno de los presuntos cómplices también imputados, procede de certificaciones falsas realizadas en los trabajos de ejecución de aquella obra, iniciada en 2009 y concluida en 2012 con su importante sobrecoste. Levantar el macroproyecto supuso un coste de 32,5 millones, después de exceder con creces el presupuesto inicial, puesto que la obra se había adjudicado en 27,7 millones.

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