Aquagest costeó un viaje a políticos y simpatizantes del PP organizado por el partido

Los alcaldes de Tineo y Coaña, el socialista José Ramón Feito y el popular Salvador Méndez, respectivamente, así como la teniente de alcalde de este último ayuntamiento, Rosana González, declararon ayer en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo en calidad de investigados en el 'caso Pokemon'. La jueza Pilar de Lara les interrogó sobre los diferentes contratos suscritos por sus ayuntamientos con la empresa Aquagest y los viajes abonados por esta firma en los que participaron, al entender los agentes de Vigilancia Aduanera que pudieron tratarse de «regalos de agradecimiento por tratos de favor». El cuarto político asturiano citado ayer en Lugo, José María Osoro, exportavoz del PP de Nava, se acogió a su derecho a no declarar asesorado por su letrado, Gonzalo Botas, quien insistió en que sería «temerario» para su cliente comparecer «sin saber exactamente de qué se le acusa». Pide, de hecho, la nulidad de las actuaciones al entender que el Juzgado de Lugo no es competente en esta causa, y amenaza con una denuncia a la jueza por prevaricación.

El interés de las declaraciones celebradas ayer, a juicio de la acusación popular que ejerce el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan), a través del abogado Luis Arias, se centró en la explicación por parte de la edil de Coaña de cómo se organizó, directamente por Roberto Santiago, en calidad de coordinador del PP del Occidente, un viaje de ocio en autobús para políticos y simpatizantes del partido a La Coruña en octubre de 2009 que, finalmente, fue costeado por Aquagest. La empresa de gestión de aguas aportó, según consta en la contabilidad intervenida a Joaquín Fernández, principal investigado en la trama asturiana, 3.800 euros.

La edil indicó en sede judicial que tanto ella como el resto de los participantes habían abonado 50 euros y que no supo que aquella excursión había contado con el patrocinio de la citada empresa hasta que se publicó en los medios de comunicación. Fue entonces, relató a preguntas de la magistrada, cuando pidió las oportunas explicaciones a Roberto Santiago y éste le informó de que, al no haber conseguido financiación dentro del partido para abonar parte del viaje, buscó «fondos externos». «Nosotros lo desconocíamos porque la organización de ese viaje excedía de nuestras competencias», se excusó González una vez fuera del juzgado, donde insistió también en que estos viajes «no estaban vinculados a la gestión municipal», que calificó de «intachable».

Tanto Rosana González como el regidor del concejo negaron, de hecho, irregularidad alguna en las adjudicaciones del contrato de gestión del abastecimiento de aguas que mantiene el Ayuntamiento de Coaña con Aquagest. «Ni los servicios municipales ni el Tribunal de Cuentas pusieron nunca ningún reparo. Este caso ya ha sido sobreseido por el Juzgado de Avilés y tenemos muy claro que quedará otra vez archivado», manifestó la teniente de alcalde.

En la misma línea se posicionó José Ramón Feito, acompañado por su abogado Francisco Alonso. El regidor de Tineo indicó que él no participó en ninguna de las prórrogas concedidas por su ayuntamiento a la empresa Aquagest y que, incluso, denunció una de ellas. «Los viajes pagados por esa empresa en los que participé eran de trabajo, como ya expliqué en el Juzgado de Avilés. Respeto el procedimiento pero no entiendo por qué se vuelve a investigar ahora lo mismo», se quejó Feito, quien también negó conocer a Joaquín Fernández.

Mucho más crítico se mostró José María Osoro, quien dice encontrarse en un «estado de indefensión total y de incertidumbre». Ni tan si quiera ayer en sede judicial, protestó su abogado, Gonzalo Botas, recibió información detallada sobre los hechos delictivos que se le atribuyen. «Nos siguen dando explicaciones genéricas sobre conversaciones y regalos», se quejó el letrado, quien exige «más precisión» para que su cliente pueda defenderse y reitera su intención de querellarse contra la magistrada.

• Temas
• Caso Pokemon
• Caso Aquagest