Castillejo pedirá imputar al excontable del SOMA, tras escuchar la declaración de Villa

La declaración de José Ángel Fernández Villa ante la jueza Simonet Quelle Coto en calidad de investigado, apuntando directamente a algunos de sus excompañeros del sindicato como responsables de las presuntas irregularidades cometidas en la contabilidad del SOMA-UGT, no tiene pinta de quedarse en una mera pataleta del exlíder minero. Ya ha empezado a provocar las primeras consecuencias. Mientras su abogada, Ana García Boto, se reserva el derecho a llamarle nuevamente a comparecer y solicita pruebas periciales caligráficas para impugnar las firmas de buena parte de la documentación que sustenta la querella, la representación legal del otro acusado, Pedro Castillejo, el ex secretario de la Fundación Instituto para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide), advierte de que tampoco se quedará de brazos cruzados. Ambos parecen ahora compartir la misma estrategia: inculpar a otras personas del sindicato.

El letrado Alfredo García López solicitará a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo la imputación del excontable del Infide y del sindicato, Juan Cigales, a quien tanto Fernández Villa como Castillejo han señalado en sus correspondientes comparecencias judiciales como el responsable de la contabilidad de ambos organismos. Será la magistrada la que deberá resolver ahora si toma en consideración esta petición o no, teniendo en cuenta también la declaración que Cigales ya realizó en calidad de testigo, en febrero del año pasado. Entonces admitió el descontrol económico que había en la organización sindical, pero también eludió cualquier responsabilidad por su condición de mero contable y por la presión que recibía por parte del exlíder sindical. Relató incluso que la única vez que le protestó, Villa le dijo que «tenía cola hasta La Felguera para ocupar mi puesto». «A mí me decían 'tú apunta y calla'», rememoró.

420.000 euros

El abogado de Castillejo también solicitará una pericial del informe económico encargado por el SOMA-Fitag-UGT que sustenta la querella por la que el sindicato reclama 420.000 euros a Villa y 70.000 euros a su cliente. Un informe que, a ojos de la defensa, nada tiene que ver con una auditoría externa, puesto que únicamente se elabora a partir de la documentación previamente facilitada a quien lo firma.

El bufete de Alfredo García López también tiene intención de solicitar una nueva comparecencia de su cliente, Pedro Castillejo, quien ya declaró en enero de 2016 en el juzgado ovetense. En aquella ocasión explicó que él no tenía responsabilidades económicas en la fundación y señaló directamente al excontable, Juan Cigales. «Mi responsabilidad era la gestión política, social y cultural. De contabilidad no tengo ni idea», llegó a decir en sede judicial, al tiempo que atribuyó la querella interpuesta contra su persona a una represalia por no haber participado en lo que, entiende, ha sido una caza de brujas contra la figura del exlíder minero.

La magistrada llamó meses después a Pedro Castillejo para volver a declarar. Sin embargo, en aquella ocasión se acogió a su derecho de no hacerlo puesto que, en opinión de su defensa, existían dudas sobre si la citación se había realizado en tiempo y forma, al entender que el plazo establecido por ley para acordar la ampliación de la instrucción se había agotado, algo que finalmente se resolvió en favor de la decisión de la jueza. Ahora, una vez escuchada la comparecencia del principal acusado, paralizada durante todos estos meses por parte de su representante legal al entender que no estaba en condiciones mentales para ser interrogado, el abogado de Pedro Castillejo ha reactivado su estrategia de defensa, que podría coincidir en muchos aspectos con la de José Ángel Fernández Villa.

Otros nombres

El exsecretario general del SOMA también eludió cualquier responsabilidad en la contabilidad del sindicato y apuntó directamente a varios excompañeros. Principalmente al ya mencionado Juan Cigales, pero también a su exsecretaria, Carmen Blanco, de la que dijo que falsificaba habitualmente su firma y sabía el pin de sus tarjetas de crédito; así como a Amalio Fernández, al que presentó como el responsable de Rodiezmo donde, aseguró, «no había una dinámica del control de las cuentas»; a Armando Natal, «que tenía tarjetas de crédito del sindicato» y a Aquilino Ronderos, persona que, según la comparecencia de Villa, tenía que dar «el visto bueno a los gastos de representación» en el SOMA-UGT. Un extremo, este último, que el propio Ronderos negó a este periódico puesto que, quiso explicar, nunca ocupó cargos de responsabilidad en el SOMA-UGT, sino en el SOMA-Fitag-UGT, cuya contabilidad está al margen de la investigación.

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