Juicio popular, justicia profesional

Superando presiones dirigidas desde todas las esquinas, dificultades procesales, politización desbocada, centrifugadora mediática, peleas fratricidas entre instructor y fiscal, depresión real, intentos de extorsión, la justicia profesional ha conseguido llevar a buen puerto el caso Urdangarín. La sentencia absolutoria para la infanta Cristina de Borbón y condenatoria para su esposo a expensas de conocer en detalle los argumentos del veredicto de la sala suponen que la justicia facultativa ha prevalecido sobre los variados tribunales populares que se han ido constituyendo a lo largo de este histórico proceso.

Pero también ha quedado acreditado que no existen zonas de impunidad ni blindaje institucional o político que garanticen a nadie poder esquivar a la Justicia en el actual estado de derecho. Esa es la buena noticia que trae aparejada la conclusión del juicio y fallo de la sala de la Audiencia balear. La mala noticia es que ha quedado demostrado en un juicio con todas las garantías procesales que una persona relacionada por lazos familiares con la Casa Real perpetró durante unos años una serie de delitos encaminados a su lucro personal detrayendo recursos públicos y valiéndose de su imagen influyente ante las instituciones democráticas. Más allá de los aspectos concretos del fallo del tribunal y las peripecias del extraordinariamente lento desarrollo procesal, el caso Urdangarín, el juicio a la hija del Rey emérito y hermana del Jefe del Estado es clave para entender los cambios y la evolución en la reciente historia de España.

El escándalo y la alarma social generados a medida que se fueron desvelando las prácticas derivadas de la gestión del Instituto Noos y la sociedad Aizoon conmovieron los cimientos de la Casa Real y catalizaron las reformas que la institución estaba necesitando urgentemente. Si es cierto que en un principio don Juan Carlos adoleció de una gestión blanda sobre los negocios de su yerno, su capacidad posterior para coger al toro por los cuernos y dar paso al heredero demostraron su voluntad de sacrificio por el estado. No hay que desdeñar el oportunismo republicanista de algunos empeñados en convertir el proceso a la infanta en un proceso a la monarquía constitucional y en definitiva a la transición democrática del 78. El hecho contundente es que frente a los detractores del sistema democrático y sus vaticinios, una Borbón se sentó en el banquillo y los jueces, teniendo a su alcance la llamada doctrina Botín, optaron por someterla a juicio. Siempre habrá quien arroje sombras sobre el desenlace del juicio. Naturalmente del lado de quienes solo habrían entendido como justicia la condena y encarcelamiento de la Infanta. Pero el desarrollo de los acontecimientos ha demostrado que mediáticamente el caso está amortizado y que social y políticamente ha reforzado las instituciones.

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