El PP excluye de su ponencia social cualquier reforma de la ley del aborto

El PP ha dejado en manos de los compromisarios el debate de algunos de los aspectos más espinosos para el partido. La ponencia social, presentada esta mañana por Javier Maroto y que se abordará en el congreso de la formación en febrero, no recoge ninguna reforma de la ley del aborto ni referencias explícitas a asuntos como la gestación subrogada o la custodia compartida. Desde la dirección dan, sin embargo, por sentado que muchos aspectos serán objeto de enmienda en el cónclave nacional.

La cúpula del partido no plantea, por lo tanto, ninguna modificación de la legislación de irrupción voluntaria del embarazo y se limita a defender el derecho a la vida. Hablamos de consensos amplios y hemos recogido la literalidad de lo que aparecía en el programa electoral tanto en las elecciones del 20 de diciembre como el 26 de junio, sostiene el vicesecretario de Acción Sectorial. Fuentes populares recuerdan que se trata de cuestiones polémicas para una formación que intenta aglutinar a todo el espectro del centro derecha, donde habitan sensibilidades muy dispares.

La ponencia se ha centrado, de hecho, en los principios generales que definen el marco de actuación del PP en materia social y que quedan recogidos en un decálogo de diez puntos. El primer aspecto se convierte casi en una declaración de intenciones: Sólo hay política social eficaz si hay una buena política económica.

Con esta guía, los populares fijan como reto para los próximos años la gestión del envejecimiento poblacional y exponen fundamentalmente dos vías para lograr frenar este fenómeno: el retorno de los españoles que tuvieron que salir del país a consecuencia de la crisis y la incorporación de los inmigrantes, siempre y cuando sea compatible con las tasas de desempleo y los recién llegados respeten los valores de la sociedad en la que se integran.

Además, el documento busca responder a la crítica más reiterada en los años de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y garantiza que cada política social pública que se ponga en marcha será analizada previamente con todos los sectores afectados.

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