El Principado logra los 64 millones extra para sanidad entre duros reproches

El Gobierno sacará adelante en la Junta General el suplemento de crédito de 64 millones de euros destinado a cubrir las necesidades de financiación de la sanidad asturiana, pero lo hará casi por inercia, no porque la iniciativa genere el más mínimo entusiasmo en la oposición. Todo lo contrario. Los grupos darán de paso el proyecto del Ejecutivo para no generar un agujero en el sistema de salud del Principado, pero lo harán en medio de un torrente de críticas al proceder del gabinete socialista en este asunto. Con sus matices, los portavoces de las distintas formaciones afearon a los consejeros de Hacienda y Sanidad, Dolores Carcedo y Francisco del Busto, que pidan al Parlamento un «cheque en blanco» al reclamar fondos para gastos ya comprometidos cuyo detalle, lamentaron, ni siquiera se desglosa con exactitud.

Esos 64 millones corresponden al margen adicional de gasto de que dispondrá el Principado por la flexibilización de su objetivo de déficit y se destinarán de forma íntegra a la sanidad, tal y como relató Carcedo en su intervención. El servicio regional de salud comenzó este año de prórroga con un presupuesto de 1.461 millones y cerrará el ejercicio con un gasto efectivo de 1.626. Un desfase de 165 millones que se cubrirá en parte con los ingresos adicionales que el Ejecutivo ha ido recibiendo durante el ejercicio, principalmente del sistema de financiación, y con estos 64 millones extra de la relajación del déficit. Este suplemento de crédito se destinará a cubrir gasto corriente, indicó Carcedo, algo que la ley permite y que, matizó, se pueda realizar después de que se hayan atendido los pertinentes compromisos de inversión.

El sentimiento prácticamente común de los grupos de la oposición es que el Gobierno acude a fin de año a la Cámara para pedir fondos para la sanidad a sabiendas de que nadie le va a decir que no. El proyecto superará el trámite porque ninguna formación pondrá obstáculos, pero casi todos los portavoces cantaron ayer las cuarenta a Carcedo y Del Busto.

«Se nos presenta una propuesta de crédito a gastos pagos cuando ya está consumado», protestó Andrés Fernández Vilanova, portavoz de Podemos y sin duda el más beligerante. «Se nos pone una pistola en la cabeza», llegó a decir, para remachar: «O son gestores pésimos o malversadores intencionados». Un dardo, este último, relativo a las a su juicio sospechosas relaciones entre la administración y la industria farmacéutica.

Aunque con distinto tono, el reproche fue general. «Apoyamos medidas de mejora sanitaria pero con más transparencia», objetó desde el PP Emma Ramos. Un argumento que ya había deslizado Cristina Coto, de Foro, que consideró «intolerable» que el Gobierno acuda a solicitar más endeudamiento sin detallar las partidas que va a financiar. Desde Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé reclamó «medidas estructurales» en la sanidad.

Quien mantuvo un discurso más conciliador fue el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que enlazó la cuestión con el debate de los presupuestos para remarcar que mientras la prórroga es un «plato precocinado» en el que el Ejecutivo siempre tiene la sartén por el mango, unas cuentas de nuevo cuño permiten a los grupos influir en su elaboración y «cocinar» el resultado final.